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Durante cinco días, miles de personas validaron, con sus huellas dactilares, las rúbricas que estamparon a finales de abril para echar a andar la consulta. La oposición -que controla el Parlamento- necesita que el Consejo Nacional Electoral (CNE) legalice unas 200.000 firmas, de las 1,3 millones que recaudó y fueron admitidas por el organismo.
Los cálculos de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) son optimistas: hasta el jueves, en 23 de los 24 estados dijo haber logrado el mínimo requerido, equivalente al 1% del padrón electoral de cada región.
Solamente en Nueva Esparta -cuya capital es la turística isla Margarita- faltaban por validar unas 200 rúbricas. "El total de firmas validadas hasta este momento es de 326.381. Hemos superado todos los obstáculos", señaló la diputada Delsa Solórzano.
Cumplido el plazo de validación, el proceso entra en una etapa de incertidumbre, pues el CNE -acusado por la oposición de servir al gobierno- anunciará el 26 de julio si se alcanzó la meta.
- "El cambio no será inmediato" -
Durante la semana, la MUD denunció un sabotaje del oficialismo contra el reconocimiento de firmas mediante demoras, bloqueo logístico y amenazas veladas de suspensión del trámite.
Los adversarios de Maduro impulsan el revocatorio apoyados en la severa crisis económica, que en las últimas semanas aumentó la tensión social con saqueos en varias ciudades que dejaron al menos cinco muertos.
Una escasez de 80% de los alimentos y la inflación más alta del mundo (180,9% en 2015), además de los altos índices de criminalidad, motivan el rechazo a Maduro, quien según una encuesta de la firma Datanálisis apenas tiene un 25% de apoyo.
"El cambio no va a ser inmediato, pero el referendo es un paso", dice Eugenia Parra una estudiante de farmacéutica de 28 años, mientras hace cola para comprar alimentos en un supermercado del este de Caracas.
Parra no había podido validar su firma, pues debe repartir el tiempo entre las largas filas para abastecer a su familia, los estudios y un trabajo de medio tiempo en una clínica.
En las afueras del mismo supermercado espera su turno Ramón Bernay, un economista jubilado de 64 años, quien sentencia que "este año no habrá referendo".
"No van a sacar a Maduro ni por la OEA ni por un golpe. Yo hago cola todos los días y está situación me arrecha (enoja), pero resisto porque lo que hay aquí es una guerra económica de la burguesía", afirma.
Maduro estima imposible que el revocatorio pueda celebrarse este año, aduciendo que los plazos legales no lo permiten.
Para la oposición es crucial que la consulta se realice antes del 10 de enero de 2017, pues si se revoca a Maduro, habrá elecciones anticipadas. Si ocurre después de esa fecha, el mandatario socialista podrá elegir a su sucesor en caso de derrota.
"Si hay, iremos y ganaremos; y si no lo hay, la vida política del país continuará", sostuvo el gobernante el jueves.
Por lo pronto, si el CNE activa la consulta, la oposición deberá recoger cuatro millones de firmas para convocarla. Y para deponer a Maduro, el "sí" debe sacar más de los 7,5 millones de votos con que fue elegido.
La crisis venezolana fue discutida el jueves por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una sesión especial que concluyó sin decisiones en torno a castigar diplomáticamente al gobierno chavista.
Invocando la Carta Democrática, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que Venezuela vive "una grave alteración del orden constitucional" y democrático, y llamó a los países miembro a apoyar el referendo.
En medio de la tensión interna y las presiones internacionales, Maduro multiplicó en los últimos días su llamado a la oposición a iniciar un diálogo, pero ésta asegura que el revocatorio no es negociable.
