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El Gobierno de Ecuador declaró la vacunación contra la covid-19 de carácter obligatorio para la población como medida preventiva ante un posible agravamiento de la situación por la variante ómicron y el incremento de contagios en las últimas semanas.
Se trata del primer país de América Latina que adopta esta decisión con carácter generalizado, según dijo a Efe una fuente autorizada del Ministerio de Salud, que horas después aclaraba que no se impondrán sanciones directas.
"La decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de 'preocupación', como ómicron", reza un comunicado oficial.
Lineamientos obligatorios
En un documento de 22 páginas, el Ejecutivo informó de los aspectos técnicos, legales y sanitarios de la decisión y como fundamento legal invocó un artículo de la Ley Orgánica de Salud que declara "la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera".
Y argumentó que también el artículo 83.7 de la Carta Magna impone como "deber" de los ecuatorianos el "promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular".
La decisión, abundó el Gobierno, "obedece a la tendencia internacional que muestra la rapidez del contagio y la presión a los servicios de salud que tienen alta demanda en hospitalización".
En ese sentido recordó la decisión de otros países de ir en la misma dirección, como "Alemania, Austria y Grecia", que la aplicarán "a inicios de 2022".
En América Latina, desde noviembre pasado la vacunación para niños entre 5 y 11 años es obligatoria en Costa Rica, mientras que el estado brasileño de Sao Paulo exige a los funcionarios que estén inmunizados contra la covid-19.
Las autoridades ecuatorianas han eximido únicamente a "las personas que presenten alguna condición médica o contraindicación debidamente certificada".
No habrá sanciones en Ecuador por no vacunarse
El anunció inicial sembró numerosas dudas sobre la aplicación de la decisión, entre otras, si habría sanciones para los no vacunados.
Pero en un comunicado posterior, el Ministerio de Salud notificó que no aplicará sanciones directas sino que estos ciudadanos solo se verán limitados en el acceso a todo tipo de eventos por no disponer del certificado de pauta completa, como ocurre en otros países.
"Esperamos que las personas cumplan. La Cartera no aplica sanciones a los no inmunizados", aseguró.
El sentido de "obligatoriedad", considera el Gobierno, emana directamente de la reciente decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional para que no se permita la entrada a "ciertas actividades no esenciales" si el participante no presenta el carné de vacunación con pauta completa, vigente desde este viernes.
Lo cual será exigido en "eventos, cines, museos y otros" y lo gestionarán "las intendencias y gobiernos autónomos descentralizados (GAD)". Es decir, "ellos vigilarán su cumplimiento".
El COE-Nacional, entidad encargada de gestionar y emitir directrices relacionadas con el tratamiento de la pandemia, anunció el lunes la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación con pauta completa para mayores de 12 años que quieran acceder a actividades no esenciales.
Hasta el 21 de diciembre, 12,4 millones de personas contaban en Ecuador con la pauta completa, lo que representa el 77,2 % de los algo más de 16 millones de habitantes que constituyen la población objetivo a vacunar (a partir de 5 años).
Desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, Ecuador ha acumulado un total de 539.037 casos de la enfermedad, y el número de fallecidos se eleva a 33.634, entre ellos 23.815 confirmados con el virus y 9.819 probables.
A la entrada de un centro de vacunación hoy en el norte de Quito, Isabel Mina, de 60 años, consideró válida la decisión gubernamental, sobre todo a raíz del incremento de los contagios por las sucesivas fiestas de diciembre en el país andino.
"Estamos con el covid nuevamente en alza y los índices son terribles, entonces yo creería que sí está bien", comentó a Efe antes de aplicarse la tercera dosis de refuerzo, que se ha acelerado con las primeras detecciones de casos de contagio de la variante ómicron.
Coincidió con ella Rodrigo Ocaña, de 64 años, quien aseguró que "hay que priorizar la salud ante todo, porque la vida no solamente es la libertad o los derechos (de uno), sino la vida y derechos del resto".
El anuncio se produce en vísperas de la Navidad y con la Asamblea Nacional (Parlamento) en vacancia judicial o período de receso desde el 16 hasta el próximo 30 de diciembre.
Sin embargo, por redes sociales la decisión ya ha despertado algunas críticas por la supuesta vulneración de derechos y libertades básicas.
Un usuario de Twitter se preguntaba: "¿Y cuándo van a mandar la demanda contra los derechos humanos por la vacunación obligatoria?, mientras otro afirmaba que "es 100 % inconstitucional" e instaba al "defensor del pueblo" a actuar.
Otra reacción a la noticia colgada en una web también expresaba rechazo a la medida mediante una fotografía de una pancarta que rezaba: "En una 'pandemia' real se cuida a los enfermos. No se persigue a los sanos".
