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Una jueza de distrito bloqueó la medida de la administración Trump que buscaba poner fin al estatus legal de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela admitidos bajo una política de la era Biden.
Un tribunal federal en Boston dictó el lunes una decisión clave que impide a la administración del expresidente Donald Trump revocar de forma inmediata las protecciones legales y permisos de trabajo otorgados a más de medio millón de migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo un programa de libertad condicional implementado durante el gobierno de Joe Biden.
La decisión fue tomada por la jueza Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, quien sostuvo que las terminaciones masivas del estatus migratorio no pueden ejecutarse sin una revisión individualizada de cada caso. En su fallo, Talwani escribió que:
“La terminación anticipada, sin ninguna justificación caso por caso, del estatus legal de los no ciudadanos que han cumplido con los programas del DHS y han ingresado al país legalmente socava el estado de derecho”.
La medida de Trump, que pretendía poner fin a las protecciones el próximo 24 de abril, incluía advertencias enviadas a los beneficiarios del programa para que abandonaran voluntariamente el país o enfrentaran arrestos y deportaciones. Sin embargo, la jueza suspendió esas advertencias y prohibió expresamente revocar la protección conocida como “libertad condicional migratoria”, la cual fue otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a 532.000 personas.
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El programa, conocido como CHNV, permitía a ciudadanos de los cuatro países designados ingresar legalmente a EE. UU. durante un periodo inicial de dos años, siempre que contaran con patrocinadores dentro del país. Según la administración Biden, esta política redujo considerablemente los cruces ilegales en la frontera sur y promovió canales de inmigración regular.
A pesar de su efectividad, el programa fue objeto de críticas y desafíos legales por parte de estados liderados por republicanos, que alegaron que la autoridad de libertad condicional no facultaba al gobierno federal para admitir a un volumen tan alto de personas bajo criterios de elegibilidad tan amplios.
La administración Trump, que suspendió el programa inmediatamente tras su regreso al poder en enero de 2025, considera que la política excede la autoridad presidencial y carece de controles suficientes de seguridad. El mes pasado, el DHS había dado a los beneficiarios 30 días para abandonar el país voluntariamente o enfrentarse a procedimientos de arresto y expulsión, con prioridad en aquellos que no hubieran solicitado asilo u otras formas de alivio migratorio.
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La decisión judicial representa un nuevo obstáculo legal para los intentos de la administración Trump de revertir políticas migratorias del gobierno anterior. A fines de marzo, un juez federal en California también bloqueó un intento de finalizar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protege de la deportación a más de 350.000 venezolanos.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional no ha emitido comentarios sobre el fallo de Talwani.
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