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A menos de 80 kilómetros del resort del presidente Donald Trump en Miami y en pleno corazón de los Everglades, el gobierno de Florida ha comenzado la construcción acelerada de un centro de detención de inmigrantes apodado “Alligator Alcatraz”, una instalación temporal diseñada para albergar hasta 5.000 migrantes en condiciones que ya han generado fuertes críticas de ambientalistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas.
El sitio elegido es el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, una antigua pista de aterrizaje de casi 4 kilómetros que fue concebida para servir a aviones supersónicos y que ahora ha sido transformada, en cuestión de días, en una ciudad improvisada de tiendas de campaña y remolques reutilizados.
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“Tuvimos una solicitud del Gobierno federal para hacerlo, y por eso está ‘Alligator Alcatraz’”, justificó el gobernador Ron DeSantis, quien abrazó el nombre ideado por su fiscal general, James Uthmeier. “Desde el punto de vista de la seguridad, si alguien se escapa, va a tener que enfrentarse a un montón de caimanes”.
Una instalación temporal y autónoma
Según declaraciones de funcionarios al medio estadounidense CNN, el complejo está diseñado para ser “completamente autónomo” y operará con servicios móviles de agua, electricidad y alcantarillado. Las estructuras principales están hechas con remolques de la FEMA y tiendas de campaña “de paredes blandas”, similares a las utilizadas en desastres naturales, que ofrecerán el único resguardo contra temperaturas superiores a los 32°C y las tormentas propias de la temporada de huracanes.
El gobernador DeSantis aseguró que se trata de una medida temporal para “aliviar la carga de las agencias policiales” del estado en medio del endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump. No obstante, su coste proyectado ha sido de 450 millones de dólares anuales, con un promedio de 245 dólares por cama al día, aunque el estado espera ser reembolsado por FEMA y el Departamento de Seguridad Nacional.
Críticas por su ubicación y trato a los migrantes
La instalación ha sido duramente cuestionada por múltiples sectores. Organizaciones de derechos humanos han advertido que las condiciones del centro son inadecuadas, peligrosas y “diseñadas para promulgar el sufrimiento”.
“Ya hemos pasado por esto con el sheriff Joe Arpaio en Arizona. Tener a 3.000 personas detenidas en tiendas de campaña en los Everglades, en pleno verano, es una mala idea en todos los sentidos”, declaró Thomas Kennedy, analista de la Coalición de Inmigrantes de la Florida.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt defendió el proyecto al decir que los caimanes del entorno actúan como un “elemento disuasorio”. Uthmeier incluso bromeó que, si alguien intentaba escapar, “no hay mucho más esperándoles que caimanes y pitones”.
Para la activista María Asunción Bilbao, del American Friends Service Committee, el proyecto es una “teatralización de la crueldad”. “Cuando se habla de las personas como si fueran alimañas... no hay nada en este campo de detención que no sea cruel e inhumano”, dijo.
Tensiones con comunidades indígenas y ambientalistas
Más allá de las denuncias por trato inhumano, la ubicación del centro en tierra ancestral de los miccosukee ha desatado un conflicto con los pueblos originarios y con grupos ecologistas. La activista Betty Osceola, miembro de la tribu y residente cercana al aeropuerto, calificó el proyecto como una afrenta.
“Este es nuestro territorio ancestral. Vengo aquí a rezar. Este es nuestro hogar. Estamos defendiendo nuestro hogar”, dijo Osceola a CNN. “¿Qué va a pasar con todas esas aguas residuales si llega un huracán? Este es el acuífero de agua potable para 8 millones de personas”.
La organización Amigos de los Everglades y otros colectivos han presentado demandas para frenar la construcción, alegando que la zona es crucial para la preservación del ecosistema y la fuente de agua dulce del sur de Florida.
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Aunque DeSantis aseguró que la instalación tendrá “impacto cero” en el medioambiente, las dudas persisten. De hecho, un intento de comprar el terreno al condado Miami-Dade por 20 millones de dólares fue rechazado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, quien advirtió que esa cifra era muy inferior a su valor real, tasado en 190 millones, y que el riesgo ambiental era elevado.
