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Aunque el juez Herman Benjamin, instructor del proceso en el Tribunal Superior Electoral, consideró "comprobado" que esa campaña se financió con dinero de la corrupción, sólo dos de los otros seis miembros de la corte le respaldaron y los cuatro restantes formaron la mayoría que acabó exculpando a Rousseff y Temer.
"No hay pruebas concretas, sino hilaciones", dijo el magistrado Napoleao Maia, quien abrió la línea divergente a la opinión del instructor, que fue seguida por Admar Gonzaga y Tarcísio Vieira, dos jueces nombrados para esa corte por Temer en los últimos meses en función de sus atribuciones presidenciales y para cubrir vacantes.
El voto decisivo lo pronunció Gilmar Mendes, miembro del Supremo y presidente del tribunal electoral, quien mantiene una muy estrecha relación con Temer y declaró que "una corte no puede ser usada para resolver una crisis política", en alusión a la fuerte presión por la renuncia del gobernante generada por otras sospechas de corrupción.
Benjamin se había apoyado en buena medida en las investigaciones de la trama corrupta en Petrobras, que llevaron a prisión a decenas de empresarios y políticos y desvelaron financiación ilegal, pagos hechos a empresas inexistentes y "compra" de apoyos de partidos políticos, entre muchas otras irregularidades en esa campaña.
Uno de los puntos fundamentales de esa investigación fue el rol en esa trama del grupo Odebrecht, que confesó haber donado para esa campaña 150 millones de reales (45 millones de dólares) obtenidos con contratos amañados con la petrolera estatal y que en realidad disimulaban los sobornos pagados por eso.
Sin embargo, los abogados de Temer y Rousseff pidieron la nulidad de esas pruebas, pues fueron introducidas durante el proceso y no constaban en la acusación inicial, por lo cual afirmaron que su utilización "violaría" el derecho a la amplia defensa.
Esa tesis fue aceptada por los cuatro magistrados que rechazaron las acusaciones, lo cual restó fuerza a la acusación e impidió una sentencia condenatoria que habría desalojado a Temer del poder que asumió el año pasado, después de que Rousseff fue destituida por irregulares manejos de los presupuestos.
Con esta decisión, Temer elimina uno de los frentes judiciales que tiene abiertos y pasa a enfrentar otro no menos complicado en la Corte Suprema, que ha abierto una investigación en su contra por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Esas sospechas se fundamentan en confesiones de directores del grupo JBS, que han declarado a la justicia que sobornan a Temer desde 2010 y han entregado unos audios que comprometen la situación del mandatario.
Con información de EFE
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