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Los familiares de las víctimas del trágico accidente en 2016 del avión que trasladaba al club brasileño de fútbol Chapecoensehacia Colombia se fueron este sábado de Bolivia hacia Brasil sin respuestas de la aseguradora contratada por la aerolínea LaMia.
Fabienne Belle, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Vuelo de Chapecoense (AFAV-C), expresó en el aeropuerto de Santa Cruz que en su visita en busca de respuestas sobre el avance de la investigación y la indemnización a las familias encontró "resistencia de la aseguradora".
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"No nos dio las respuestas que venimos a buscar", lamentó Belle, esposa del fisiólogo del club brasileño, Cezinha, quien falleció en el accidente.
Agregó que a casi 24 meses después del trágico accidente donde fallecieron 71 personas de 77, la situación "continúa en lo mismo".
Belle resaltó que en esta visita consiguieron el apoyo del director de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC),el general Celier Aparicio Arispe.
El Chapecoense demandó indemnizaciones por la tragedia del 28 de noviembre de 2016, cuando el avión de la aerolínea LaMia en el que viajaban el equipo y periodistas se quedó sin combustible y se estrelló cerca de Medellín, Colombia.
La aseguradora BISA, que fue contratada por LaMia, alegó ante la Justicia que la póliza no estaba en vigor por impago y que no cubría vuelos a Colombia.
Un mes después las autoridades bolivianas consideraron válida la póliza y que la aseguradora estaba obligada a las indemnizaciones.
Abel Dias, experto en seguros y parte de la comisión que llegó a Bolivia, sostuvo que no hay celeridad en las investigaciones y en la indemnización a las familias de las víctimas.
"Hay compañías que nos dan la espalda, como fue el seguro BISA, intentamos un par de veces hablar con ellos, saben que tienen responsabilidad de alguna forma, pero no quieren hablar con nosotros", manifestó Dias.
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El abogado boliviano Rómulo Peredo sostuvo que al parecer la aseguradora "está esperando que se venza el plazo" para no pagar "ni un centavo".
Según el jurista el plazo vence en noviembre de este año. BISA estableció un fondo humanitario para pagar un monto a las familias afectadas, pero al aceptar este pago los familiares pierden el derecho de poder procesar a los eventuales responsables en el futuro, cuando finalicen las investigaciones, aún en desarrollo en Brasil, Bolivia y Colombia.
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