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"Es público y notorio que la actuación del fiscal general, en casos relativos al presidente de la República, está sobrepasando y mucho los límites constitucionales y legales", señaló el abogado Antonio Claudio Mariz, que representa a Temer, en un documento que entregó al Supremo.
Janot, quien concluirá su mandato como fiscal general el próximo septiembre, presentó una denuncia contra Temer por el supuesto delito de corrupción pasiva, ya archivada por decisión de la Cámara de Diputados, pero fuentes de su despacho afirman que prepara otras dos, por obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Según la defensa de Temer, Janot mantiene un "obstinado empeño por encontrar elementos incriminadores contra el presidente, el cual es claramente excesivo y fuera de padrones adecuados y normales".
También critican fuertes declaraciones que el fiscal general ha hecho contra el mandatario en diversos foros y entrevistas.
"La utilización, en escritos, pronunciamientos y entrevistas, de una retórica de ficción, alejada de elementos concretos, muestra que el fiscal general nutre un sentimiento adverso al presidente de la República, que caracteriza una evidente enemistad".
La primera denuncia formulada por Janot contra el presidente fue analizada la semana pasada por el pleno de la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales debe autorizar a la Corte Suprema para procesar a un mandatario en ejercicio de sus funciones.
En la votación definitiva, 263 diputados rechazaron la denuncia frente a 227 que la avalaron, con lo cual esa acusación ha quedado archivada y sólo podrá ser retomada por los tribunales cuando el gobernante concluya su mandato, el 1 de enero de 2019.
Las acusaciones formuladas por la Fiscalía se fundamentan en testimonios de directivos del grupo cárnico JBS, que han confesado a la Justicia que sobornan a Temer a cambio de "favores políticos" desde 2010 y que incluso lo hicieron una vez que asumió el poder.
Lo más comprometedor es una grabación hecha por el dueño de JBS, Joesley Batista, de una conversación que tuvo con Temer el pasado abril en la residencia oficial de la Presidencia, en la que narra maniobras ilegales que hacía en favor de su grupo ante el Gobierno y algunos jueces frente al silencio o la complacencia del mandatario.
Según la Fiscalía, de esa grabación y de otros documentos que ha entregado a la Justicia el grupo JBS pudieran desprenderse sospechas suficientes como para también acusar a Temer por los supuestos delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Si efectivamente hubiera nuevas denuncias ante el Supremo, serán remitidas otra vez a la Cámara Baja, para que repita todo el proceso que bloqueó las primeras acusaciones.
Con información de EFE
