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La solicitud fue planteada por la senadora Gleisi Hoffmann, quien se apoyó en una acción contra el proceso intentada este martes por la Abogacía General del Estado ante la Corte Suprema, en la que se exige que se declare la "nulidad" de todo el trámite por supuestos "vicios" procesales.
Según Hoffmann, el Senado debería suspender sus trabajos hasta tanto el Supremo se pronuncie sobre esa demanda, lo cual fue negado por Calheiros, quien fundamentó su decisión tanto en el reglamento interno de la Cámara Alta como en sentencias previas del tribunal constitucional, que han avalado la legitimidad del proceso.
"No nos cabe anticipar una eventual decisión del tribunal, hasta porque ni siquiera se sabe si la acción intentada por la Abogacía General será aceptada a trámite", argumentó Calheiros.
La oposición acusó al PT de intentar "postergar el proceso" con "argumentos ficticios", como los calificó el senador Cássio Cunha Lima, quien en nombre del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) exigió que se continúe con la sesión, tal como decidió el presidente de la Cámara Alta.
Para que sea aprobada la apertura del juicio político serán necesarios al menos 41 votos entre los 81 senadores, aunque todos los sondeos previos apuntan a que unos 50 de los legisladores se inclinarán en favor del proceso.
De ser así, Rousseff sería notificada mañana de la decisión y a partir de ese momento quedaría suspendida durante los 180 días que puede durar el proceso.
Su cargo será ocupado en forma interina por el vicepresidente, Michel Temer, con quien está enemistada desde hace meses y que se prepara para asumir el poder con un nuevo gabinete y una orientación ideológica diametralmente distinta y de corte liberal.
Si al cabo del proceso Rousseff fuera absuelta, recuperaría el cargo, pero en caso de que sea finalmente destituida, Temer deberá completar el mandato y entregar el poder el 1 de enero de 2019 al ganador de las elecciones previstas para octubre de 2018.
Durante la sesión, los senadores escucharán al instructor del caso en una comisión especial que analizó y aceptó los méritos jurídicos de la acusación, al senador Antonio Anastasia, y al abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, quien representa a Rousseff.
Cada uno de los 81 senadores tendrá derecho a la palabra durante diez minutos, con posibilidad de otros cinco, lo que puede hacer que la sesión se prolongue durante más de veinte horas y que la votación sea realizada ya entrada la madrugada de este jueves.
