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Pese a que en Brasil se temía que la decisión de abrir un juicio que puede acabar definitivamente con el mandato de Rousseff fuera seguida de una gran agitación popular, hasta ahora los grupos que han protestado contra el juicio han sido minúsculos.
Este domingo, una manifestación convocada en favor de Rousseff no reunió en Brasilia más que unas 200 ó 300 personas, que protestaron en forma pacífica frente a las puertas del Palacio presidencial de Planalto, ocupado desde el pasado jueves por Temer.
El presidente interino fue tildado de "golpista" y "traidor" por los manifestantes, que se dispersaron sin ningún tipo de incidentes.
La protesta también pasó frente a la sede del Parlamento, donde en los próximos días el Senado le pondrá fechas a las fases que faltan del proceso.
Después de que el pleno de la Cámara alta aprobara el pasado jueves la apertura del juicio, por 55 votos contra 22, el trámite deberá regresar a una comisión especial integrada por 21 senadores que se abocará a estudiar las pruebas que existen contra la mandataria y escuchará a testigos de la acusación y la defensa.
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en unas maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de "maquillar" sus resultados fiscales, que la defensa de la mandataria niega y considera unas meras "faltas administrativas".
Según aceptó la comisión especial antes de la votación en el pleno del Senado, esas maniobras violaron numerosos artículos de la Constitución y de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que regula el uso del dinero público.
El senador Raimundo Lira, quien preside la comisión especial, ha anunciado que discutirá el calendario del proceso a partir del próximo martes, cuando se reunirá con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, que estará directamente al frente del trámite a partir de ahora.
"Tenemos hasta 180 días para realizar el proceso, pero no tenemos la intención de usar todo ese plazo", aunque "tampoco se acelerará el trámite al punto de perjudicar el derecho a la más amplia defensa que tiene la presidenta", declaró Lira.
Sin embargo, fuentes cercanas a Temer citadas por la prensa local sostienen que el presidente interino, que ha dado como un hecho que Rousseff será finalmente destituida y que él seguirá en el cargo, desea que el trámite concluya en el menor tiempo posible.
Temer "quisiera que el 'impeachment' se apruebe antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en agosto, para no tener que recibir a los jefes de Estado (que acudan al evento) en calidad de presidente interino", indicó este fin de semana la revista Veja
Uno de los primeros pasos de la nueva fase del proceso será la presentación de la defensa de Rousseff ante la comisión especial, lo cual podrá ser en forma personal o a través de sus abogados.
El plazo para esa presentación es de veinte días y corre desde el pasado día 12, cuando la mandataria fue notificada de la apertura del juicio.
Tras recibir la defensa y escuchar testigos de ambas partes, la comisión deberá elaborar un informe final con las conclusiones del caso que, si fuera aprobado por una mayoría simple, será encaminado al pleno del Senado.
Si los 81 senadores respaldan ese informe por una mayoría simple, el documento será enviado a la Corte Suprema, que decidirá la fecha en que se convocará nuevamente al pleno de la Cámar alta para una única sesión en la que se tomará la decisión final sobre el futuro de Rousseff y también de Temer.
En caso de que Rousseff sea destituida por una mayoría calificada de dos tercios (54 votos), Temer gobernaría hasta el 1 de enero de 2019, cuando vence el actual mandato, pero si fuera absuelta por la Cámara alta, recuperaría inmediatamente el poder.
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