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Tras dos días de bloqueos en Ecuador, los transportadores pusieron fin al paro por la eliminación del subsidio a los combustibles, aunque organizaciones sociales seguirán la protesta contra las medidas económicas del Gobierno.
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El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros de Ecuador, Abel Gómez, anunció el fin de la huelga que mantenían paralizado el país desde el jueves, tras haber entregado al Gobierno sus reclamaciones.
Los gremios que se acogerán a la medida son los del transporte pesado, autobuses y taxis y como trasfondo a la decisión, según aclaró Gómez, figura la exigencia al Ejecutivo de un aumento en las tarifas del transporte, de manera que sirva para aliviar el encarecimiento del combustible tras la eliminación de los subsidios.
El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, había indicado que se analizaba recomendar a las compañías de transporte urbano e interurbano la fijación de tarifas para lograr "un equilibrio en el precio, ya que la eliminación del subsidio del diésel tiene un impacto en el pasaje".
De acuerdo a las disposiciones gubernamentales y en línea con un acuerdo crediticio adoptado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el galón de diésel pasó esta semana de costar 1,03 dólares a 2,27, mientras, que la gasolina extra, la de mayor consumo en el país, de 1,85 a 2,30 dólares, encareciendo toda la producción un 123 %.
Por el momento, se desconoce la repercusión inmediata del fin de la huelga de transportistas, a los que se sumaron anuncios similares durante la jornada de gremios en diferentes provincias del país.
No obstante y pese al levantamiento de la paralización, el movimiento indígena, sindicatos y estudiantes han advertido de que no cesarán las movilizaciones, sino todo lo contrario, que estas continuarán desarrollándose con mayor firmeza, previsiblemente a principios de la próxima semana.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, convocó "a los trabajadores del campo y de la ciudad, a los estudiantes, a los jubilados, a la universidades" a tomar parte en una huelga a nivel nacional el próximo miércoles.
En esa misma línea, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, anunció una movilización abierta en protesta a las decisiones del Gobierno y censuró las detenciones que se han practicado desde el jueves.
"Los 350 apresados son hermanos y hermanas que luchan por la libertad y los derechos colectivos y en rechazo a las medidas económicas que afectan al pueblo ecuatoriano", acotó.
Los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad -Ejército y Policía-, continuaron este viernes en Quito y en Guayaquil en reacción a las decisiones de ajuste económicas.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, reveló que la ciudad pierde diariamente por estos altercados casi 300 millones de dólares en afectaciones, desperfectos, el paro comercial y la falta de exportaciones de su aeropuerto.
En la capital, la Unidad de Flagrancia fue escenario de forcejeos entre las fuerzas del orden y familiares de decenas de detenidos bajo disposición judicial, algunos de ellos sin poder contar con asistencia letrada, indicaron testigos.
También hubo enfrentamientos en el norte de la provincia de Pichincha, donde militares se fueron contra un vigoroso grupo de manifestantes en la zona de Cangahua, una comunidad indígena situada en el cantón Cayambe, donde resultaron heridas doce personas, dos de ellas de gravedad por disparo de bala.
En la ciudad de Ambato, capital de la provincia andina de Tungurahua, grupos de organizaciones indígenas y sindicatos apagaron antenas repetidoras de medios.
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La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por los últimos acontecimientos en Ecuador, donde se suceden las protestas contra la reforma económica impulsada por el presidente, Lenín Moreno, que el jueves declaró el estado de excepción en el país.
