La corte suprema brasileña no discutirá el miércoles un caso que podría permitir al expresidente Lula recuperar su libertad poco después de haberla perdido porque el juez que iba a pedir el inicio del debate suspendió esa acción por cinco días, echando por tierra una expectativa generalizada.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello había anticipado el fin de semana que llevaría el proceso al plenario el miércoles para definir si es constitucional arrestar a condenados en segunda instancia antes de que se agoten todos sus recursos en tribunales superiores, como es el caso del exmandatario (2003-2010).

Pero este martes en la noche, Mello decidió suspender por cinco días la presentación de la acción a pedido del pequeño partido de extrema derecha que la había solicitado en mayo de 2016, el PEN (Partido Ecológico Nacional).

Ese partido entró en crisis cuando se dio cuenta que su Acción Declaratoria de Constitucionalidad (ADC) podría eventualmente liberar al líder de la izquierda, de 72 años y favorito para las elecciones presidenciales de octubre.

"Siempre estuve contra la izquierda y me arrepiento mucho de haber entrado con esta acción", dijo el presidente del PEN, Adilson Barroso, al diario O Globo.

Conmocionado ante lo que podría provocar, Barroso trató de dar marcha atrás presentando un recurso y despidió al abogado que había presentado el ADC, conocido como "Kakay", que defiende acusados en el marco de la Operación Lava Jato, pero no a Lula.

Sin embargo, el juez del STF Alexandre de Moraes recordó este martes que ya no hay nada que hacer porque, en una acción de esta naturaleza, "no es posible un cese". "Después que ingresó, el Supremo la juzgará", manifestó el magistrado.

Un Supremo dividido

Este giro de la historia es el último de la telenovela judicial que está acompañando el caso de Lula.

En un ambiente de extrema polarización, que parece filtrarse dentro del STF, ninguna voz oficial había confirmado si la Acción Declaratoria de Constitucionalidad (ADC) sería presentada.

En sus alegatos para presentar la acción "Kakay" defendió: "Tenemos que dar seguridad jurídica. Las decisiones [sobre la prisión después de ratificado el fallo en el segundo grado] no pueden depender del juez a que le llegue cada caso".

Para el jurista Aury Lopes Junior, si fuera confirmada la constitucionalidad del artículo 283 del código penal, que trata sobre la presunción de inocencia hasta la última instancia, "la ejecución anticipada de la pena pasaría a ser considerada ilegal por efecto espejo".

Y "la situación de Lula cambiaría radicalmente", agregó.

La defensa de Lula, que lo considera un "preso político", esperaba que el debate de esta ADC zanjara de forma definitiva las divergencias internas que persisten en la corte sobre el asunto.

La semana previa a su detención, la corte rechazó por 6 a 5 un habeas corpus pedido por Lula para evitar la cárcel.

Pero una de las magistradas que votó contra Lula, Rosa Weber, dio a entender que era favorable a modificar la jurisprudencia actual si el asunto fuese tratado de forma general.

A diferencia del habeas corpus, la ADC podrá repercutir en todos los casos y no puntualmente en Lula, abriendo la puerta a la liberación de miles de presos, incluidos políticos de alto perfil implicados en el megafraude a Petrobras.

El ícono de la izquierda latinoamericana fue condenado a 12 años y un mes de prisión por aceptar un apartamento de una constructora involucrada en el escándalo de Petrobras y se entregó tras una dramática saga que terminó cuando abandonó el Sindicato de Metalúrgicos de un barrio obrero de Sao Paulo, donde se refugió por casi 50 horas.

Su abogado Cristiano Zanin se ha mostrado seguro de "revertir a la brevedad" esa orden de prisión.

Con información de AFP