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El decreto, publicado en el diario oficial, habilita a las autoridades a "adoptar las medidas excepcionales necesarias a la racionalización de todos los servicios públicos, con vistas a la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río-2016".
La grave crisis financiera del estado "impide el cumplimiento de las obligaciones asumidas a raíz de la realización de los Juegos", precisó el decreto, firmado por el gobernador interino del estado de Río, Francisco Dornelles.
- "Trágica" -
El gobernador calificó recientemente la situación de "trágica". "Nunca vi nada igual en Brasil ni en todo el estado. Ahora tenemos que actuar junto al gobierno federal" para examinar qué se puede privatizar, qué inmuebles se pueden vender, afirmó.
Los profesores están en huelga desde el 2 de marzo y la mayoría recibirá el salario de mayo en cuotas, al igual que los funcionarios públicos y jubilados. Muchos de ellos no reciben sus salarios desde hace meses.
Hay hospitales que niegan atención por falta de recursos y los estudiantes ocuparon escuelas para protestar contra los cortes en la educación. El gobierno eliminó cinco secretarías y anuló dos programas sociales.
Tanto el estado de Rio como la alcaldía son gobernados desde hace años por el partido PMDB (centro derecha) del presidente interino Michel Temer, blanco de varias acusaciones de corrupción en el marco del fraude a la estatal Petrobras.
- ¿"Colapso" de salud y seguridad? -
El gobernador advirtió asimismo que la crisis financiera, empeorada por los gastos en los Juegos, ya dificulta la prestación de servicios esenciales y "puede acarrear el total colapso de la seguridad pública, la salud, la educación, el transporte y la gestión ambiental".
La previsión del déficit del estado de Río para este año es de 19.000 millones de reales (5.555 millones de dólares), debido a la aguda caída de la recaudación en un Brasil en profunda recesión. Los royalties petroleros, primera fuente de ingresos del estado, pasaron de representar 3.500 millones de dólares en 2014 a 1.000 millones este año.
El gobierno estatal de Río pide desesperadamente ayuda al gobierno federal para poder financiar obras de infraestructura ligadas a las Olimpíadas, y obtuvo casi 1.000 millones de reales para terminar la línea 4 del metro que debe unir Ipanema con Barra da Tijuca, donde estará situado el cuartel general de los Juegos Olímpicos.
Amnesty International expresó su preocupación por el recorte de servicios sociales, que puede afectar el entrenamiento de agentes de seguridad que trabajan en favelas.
"La decisión de cortar servicios sociales y seguridad antes de los Juegos de Río no solo es un shock sino que es increíblemente preocupante, sobre todo dado el pobre historial en homicidios y matanzas a manos de policías", dijo Atila Roque, director para Brasil de AI, en un comunicado.
"Lo que Río precisa no son menos sino más inversiones (...) Este no es un momento para esconderse tras los números. Las autoridades de Río tienen la responsabilidad de ofrecer seguridad a la población", añadió.
La economía brasileña descarriló en 2015, cuando cayó 3,8%, con una inflación de dos dígitos. En 2016, el desempleo saltó hasta un récord de 11,2% y el gobierno proyecta que cerrará con un enorme déficit fiscal primario cercano a los 47.000 millones de dólares.
Los operadores esperan que el año 2016 cierre con una caída de 3,6%, en momentos en que la mayor economía de América Latina se encamina hacia su peor recesión en más de 80 años.
Brasil también está en medio de un controvertido proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, suspendida en mayo por el Senado por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
Rousseff fue reemplazada por su vicepresidente Michel Temer, que conducirá el país hasta que se defina el caso, probablemente a mediados de agosto, en pleno desarrollo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Los Juegos acogerán a unos 10.500 atletas y a medio millón de turistas extranjeros en Río del 5 al 21 de agosto. Los Juegos Paralímpicos, por su parte, se celebrarán del 7 al 18 de septiembre.
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