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El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, provocó una crisis política al tratar de expulsar al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de una misión de la ONU contra la impunidad que pidió a la justicia retirar su inmunidad por presunta corrupción.
La decisión, que fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC) –máxima instancia judicial del país–, generó una ola de protestas y la renuncia en bloque de la cúpula del Ministerio de Salud y un alto funcionario como señal de rechazo. El canciller fue además destituido.
“Declaro non grato al señor Iván Velásquez (…) Ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala“, anunció Morales en un video difundido en las redes sociales.
En otro mensaje, justificó la medida al señalar que Velásquez “se inmiscuyó en asuntos internos que competen con exclusividad al Estado de Guatemala” e “intentó presionar a los diputados para la aprobación de reformas constitucionales”.
Por otro lado, afirmó que el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) violó la “presunción de inocencia de ciudadanos guatemaltecos”.
La Procuradora General de la Nación, Annabella Morfín, representante legal del Estado, pidió al presidente dar marcha atrás “en aras de la gobernabilidad y para garantizar la paz social en el país”.
Estados Unidos y varios países europeos rechazaron la expulsión y mostraron su preocupación por los acontecimientos.
La Cicig “ha desempeñado un papel vital en la lucha contra la impunidad y la corrupción que socavan la seguridad y la prosperidad en Guatemala“, destacaron en un comunicado conjunto.
“La decisión de expulsar al comisionado Iván Velásquez del país daña la capacidad de la Cicig para cumplir con su mandato”, precisaron.
Washington, de su lado, alabó a Velásquez como un "líder efectivo (…) en la lucha contra la corrupción en Guatemala", de acuerdo con una nota del Departamento de Estado.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó estar “profundamente afectado” por la decisión de Morales y reiteró su “plena confianza” al comisionado.
“Podridos corruptos”
Velásquez es titular de la Cicig desde 2013. Este ente adscrito a la ONU destapó en abril de 2015 junto con la fiscalía un fraude en las aduanas, que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez, ahora en prisión preventiva.
La medida de expulsión fue emitida dos días después de que Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, iniciaran el trámite para retirar la inmunidad a Morales, con el fin de investigarle por presuntas transacciones ilegales en el partido FCN-Nación (derecha), que lo llevó al poder en 2015.
Decenas de manifestantes con tambores y silbatos se concentraron ante la sede de la Cicig, la CC y el Palacio Nacional para exigir la renuncia de Morales y respaldar al exmagistrado colombiano.
“Velásquez es un hombre que vino a hacer temblar a este montón de podridos corruptos”, dijo a la AFP el comerciante Javier Coyoy, de 42 años.
Un contingente policial fue desplegado ante la Cicig porque partidarios del presidente y ciudadanos que apoyan al comisionado de la ONU protagonizaron enfrentamientos verbales y empujones.
Las FFAA, leales
Francisco de Mata, presidente de la CC, informó a periodistas que la corte suspendió provisionalmente la expulsión, al acoger un amparo presentado el sábado por el ciudadano Álvaro Montenegro junto con el abogado Elvyn Díaz, quienes temían esta medida contra el colombiano.
De Mata ordenó a la Cancillería “abstenerse” de proceder a la expulsión. Horas después, la CC otorgó amparos similares a favor de Velásquez interpuestos por un particular y un colectivo ambientalista.
El gobernante guatemalteco también destituyó a su ministro de Exteriores, Carlos Raúl Morales, quien el viernes negó haber pedido la remoción del comisionado durante una cita en Nueva York entre Morales y Guterres.
En su lugar fue nombrada Sandra Jovel, quien en 2016 fue separada del cargo como vicecanciller tras ser involucrada en la adopción ilegal de un niño.
La tensión por el intento de expulsar a Velásquez se agudizó con la renuncia de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, y sus tres viceministros, además de la salida del comisionado presidencial de Competitivad, Enrique Godoy.
“Usted (presidente) asume una posición a favor de la impunidad y de los sectores corruptos del país”, denunció Hernández Mack.
Entre las voces que se han sumado al apoyo a Velásquez está la Premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú.
En contraposición, un vocero del Ejército confirmó la lealtad de las Fuerzas Armadas al presidente.
Gobierno ilegítimo
Morales, un excomediante de televisión, ganó la presidencia en 2015 en medio de la crisis política desatada por los actos de corrupción durante la gestión de Pérez.
Derechista y de religión protestante, el mandatario de 48 años ha ido perdiendo popularidad desde que asumió el 14 enero de 2016, al no responder a las demandas ciudadanas de impulsar políticas estrictas de transparencia.
Según el activista de derechos humanos Jorge Santos, la decisión de expulsar a Velásquez abre la puerta a una severa crisis en este país centroamericano al augurar protestas sociales como en 2015.
“Estamos frente a la presencia de uno de los gobiernos que perdió su legitimidad de manera casi que inmediata”, declaró a la AFP Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
Con información de AFP
