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El partido oficialista Morena y sus aliados lograron la aprobación de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador, con el respaldo sorpresivo del senador del opositor partido PAN Miguel Ángel Yunes Márquez. Esta reforma, conocida como el Plan C, permitirá la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, una medida sin precedentes en la historia judicial del país.
La sesión en el Senado, que se extendió por más de 13 horas y se desarrolló en medio de protestas y la toma del salón de plenos, concluyó con una votación de 86 votos a favor y 41 en contra. El uso de una sede alterna, en Xicoténcatl, permitió que la votación continuara pese a las manifestaciones, que fueron calificadas por la senadora de Morena, Andrea Chávez, como una "intentona golpista". Chávez comparó a los opositores con el dictador chileno Augusto Pinochet, intensificando el tono de las acusaciones entre oficialistas y opositores.
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El senador por Movimiento Ciudadano, Daniel Barrera, quien no pudo participar en la votación, denunció desde Campeche que su ausencia se debió a cuestiones personales: “mi papá tuvo una diligencia en la mañana, lo trajeron aquí, yo tuve que venir a acompañarlo”, explicó. Su ausencia fue interpretada por la oposición como un intento de coartar su participación, lo que desató acusaciones de "secuestro judicial" y manipulaciones políticas.
La aprobación de la reforma en lo general no fue el fin del proceso. Cerca de 60 artículos reservados fueron presentados para debate, la mayoría provenientes de la oposición. Estas reservas, sin embargo, fueron rechazadas en bloque por la mayoría oficialista, que consolidó así el núcleo del Plan C sin modificaciones sustanciales. Además de la elección de jueces y magistrados por voto popular, la reforma incluye la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y la implementación de la figura de "juzgadores sin rostro", un mecanismo destinado a proteger la identidad de los jueces en casos sensibles.
La oposición no tardó en criticar la reforma, calificándola como un “golpe al Poder Judicial” y una medida que pone en riesgo la independencia de las instituciones judiciales del país. Durante el debate, la senadora Lucía Trasviña, también de Morena, fue especialmente dura en su discurso, acusando a los senadores opositores de ser “una gavilla de traidores a la patria”. Trasviña señaló que el Poder Judicial mexicano ha estado durante décadas "al servicio de la oligarquía" y de "intereses bastardos de extranjeros", haciendo referencia a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a quien acusó de proteger los intereses de aquellos que han saqueado al país.
La reforma judicial, que ahora será turnada a los congresos estatales para su aprobación, deberá ser avalada por al menos 17 de estos cuerpos legislativos antes de ser promulgada por el Ejecutivo federal. De concretarse, se abriría un nuevo capítulo en la historia del sistema judicial mexicano, con implicaciones profundas para la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de poderes en el país.
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La votación fue celebrada por los senadores afines a la 4T, quienes consideraron que cumplieron con el compromiso de entregarle al presidente López Obrador la reforma antes del 15 de septiembre, como parte de los festejos patrios y de cara al final de su mandato en dos semanas. Sin embargo, la oposición ha advertido que la reforma generará una crisis en el próximo gobierno, que deberá lidiar con las consecuencias de un Poder Judicial que, a su juicio, será controlado políticamente.
