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Los militares venezolanos comenzaron a fiscalizar la distribución de alimentos en puertos, aeropuertos y empresas, un día después de que el presidente Nicolás Maduro les delegara un plan para paliar la aguda escasez.
"Hemos ocupado algunos puertos y hemos comenzado a visitar algunos silos, almacenes, empresas públicas, privadas, para ir teniendo (...) un gran diagnóstico nacional que nos permita poner orden", declaró el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en un acto público.
Responsable del programa, el funcionario señaló que aunque no es partidario de la"intervención militar" en cuestiones civiles, "este es un asunto de seguridad y defensa de la Nación".
Decenas de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fueron desplegados en los estados de Vargas, Miranda Carabobo (centro), Falcón, Lara, Zulia (oeste) y Anzoátegui (este) para inspeccionar la distribución de víveres y otros bienes básicos.
Al lanzar la "Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro", Maduro dijo que el objetivo es "acabar con los sistemas y mecanismos de comercialización que atacan, irritan y roban al pueblo".
El mandatario se refería a prácticas como el "bachaqueo" o reventa de alimentos subsidiados, que terminan en manos de contrabandistas con la complicidad de funcionarios corruptos.
Según Maduro, ese delito, castigado con cinco años de cárcel, hace parte de una "guerra no convencional" de la oposición y empresarios de derecha para derrocarlo. Frente a ese desafío, el presidente ha invocado la necesidad de otorgar más poder a los militares.
"Vamos a garantizar que lo que llega al puerto y lo que viene por las carreteras vaya a los consumidores, no vaya a la reventa o al bachaqueo", declaró el gobernador de Zulia, Francisco Arias, a la televisora gubernamental.
Duramente golpeada por la caída de los precios del petróleo, la economía venezolana registra una escasez de 80% de alimentos y medicinas y una inflación de 180,9% en 2015, proyectada en 720% por el FMI para 2016.
Protestas por el desabastecimiento degeneraron en saqueos en los últimos meses.
El lunes, el gobierno ordenó la toma por parte de sus empleados, de la planta de Kimberly-Clark, fabricante estadounidense de productos de higiene, después de que la compañía paralizara operaciones aduciendo problemas económicos.
Los empresarios piden al gobierno que entregue divisas para cancelar sus deudas con proveedores internacionales y reactivar así la producción, en medio del control cambiario y de precios que rige en el país petrolero.
