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Unas 1.500 personas del sureño estado mexicano de Guerrero huyeron de sus pueblos tras los enfrentamientos entre grupos armados de autodefensa civiles y presuntos delincuentes que causaron la muerte de siete personas el pasado domingo.
Decenas de familias de ocho comunidades de la sierra de Guerrero, uno de los estados más violentos del país, han abandonado desde entonces los municipios de Leonardo Bravo y Eduardo Neri.
Algunos lo han hecho a pie y otros en vehículos.
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Cerca de 3.000 integrantes del grupo de autodefensas armados del Frente de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (Fpceg) irrumpieron en la comunidad de Filo de Caballos para asumir el control de la seguridad de la zona, donde se habían instalado grupos del crimen organizado, lo que derivó en enfrentamientos armados.
Domitila, una vecina de la zona, detalló que el domingo se estaba llevando a cabo una reunión de vecinos en Filo de Caballos y que al terminar se percataron que muchas personas llegaban por la parte de arriba del poblado; posteriormente se desató un tiroteo.
Explicó angustiada que durante el fuego cruzado los pobladores huyeron del lugar sin poder sacar las pertenencias de sus hogares, y que ella logró llevarse a su madre e hijos, sin embargo su padre de 93 años quedó en el pueblo y hasta la fecha no sabe nada de él.
Es por ello que Domitila y otros vecinos hicieron un llamado al Gobierno estatal de Guerrero para que intervenga ante esta violenta situación.
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"Yo tengo 53 años ahí. Ahí viví, ahí nací y nunca había ocurrido algo similar", expresó María de la Luz, otra habitante que tuvo que dejar su hogar apresuradamente.
Otro de los afectados relató que al correr se logró refugiar en la iglesia del poblado con 16 niños, con quienes permaneció escondido en el sótano mientras se desarrolló el enfrentamiento.
Aseguró que mientras se desarrollaban los ataques las casas fueron saqueadas por los llamados policías comunitarios.
Entre los desplazados se encuentra Crescencio Pacheco, excoordinador de la Policía Ciudadana de Leonardo Bravo, aseguró que los llamados policías comunitarios son "delincuentes disfrazados".
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Sostuvo que la incursión puede responder a intereses de explotación de minería en la sierra, puesto que en 2014 se descubrió oro y plata en la comunidad de Xochipala.
"Queremos vivir en paz y no le pido al gobernador que nos traiga colchonetas, que me traiga cobijas o que me traiga despensas. Yo le pido que nos restablezca en nuestros hogares, queremos vivir en nuestra tierra", expresó.
El alcalde de Leonardo Bravo, Ismael Cástulo, hizo hoy un llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a que atiendan el caso.
"Estoy poniendo un grito antes de que pase algo más grave porque si se mueven para acá (los comunitarios) no van a ser recibidos porque no nos gustó la forma en que entraron, robaron carros, televisiones. Eso no va a llegar a Leonardo Bravo, no los vamos a permitir", advirtió.
