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La oposición venezolana, alentada por la participación de 7,2 millones de personas en el plebiscito simbólico del domingo contra el presidente Nicolás Maduro, empieza a definir este lunes su estrategia para intensificar las protestas y frenar la elección de la Asamblea Constituyente.
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere ahora delinear su ofensiva final en su objetivo de sacar a Maduro del poder, después de casi cuatro meses de protestas que dejaron 96 muertos.
"Venezuela lo dijo claramente: no queremos una Constituyente fraudulenta e impuesta. No queremos ser Cuba", dijo Julio Borges, el presidente del parlamento dominado por la oposición, al confirmar los datos de la participación en la consulta simbólica del domingo.
En las últimas elecciones celebradas en Venezuela, las parlamentarias de 2015, la oposición arrasó con 7,7 millones de votos de un total de casi 20 millones de electores, quebrando una hegemonía chavista que duraba desde hacia 17 años.
"Se evidencia una demanda de cambio político persistente a lo largo del tiempo", dijo a la AFP el politólogo John Magdaleno, y consideró que el plebiscito fue un éxito porque fue organizado por "la ciudadanía" en poco tiempo y con solo 2.000 centros de votación, frente a los 14.000 en 2015.
Según Borges, con el 5% que falta por escrutar se llegará a unos 7,5 millones de votos, que según él serían suficientes para revocar el mandato de Maduro si hubiera un referéndum.
Hoja de ruta
"La oposición debe tener una hoja de ruta clara, después de haber levantado tanta expectativa. Si no podría sufrir un fuerte golpe de legitimidad, el pueblo está esperando acciones contundentes", advirtió por su parte Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.
El oficialismo cuestionó los resultados de antemano, señalando que el proceso no es vinculante y es "ilegal" por no contar con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al gobierno.
El dirigente chavista Jorge Rodríguez anunció que este lunes presentará videos de supuestas votaciones fraudulentas y criticó que la oposición decidiera quemar los registros de su consulta simbólica con el argumento de evitar represalias contras los votantes.
En un pulso con la oposición, el gobierno también movilizó masivamente a sus seguidores el domingo en un simulacro de la votación, prevista el 30 de julio, de los 545 asambleístas de la Constituyente.
El reto de la oposición es ahora servirse del plebiscito para masificar la protesta y "fracturar al adversario, lo que podría presionar una negociación que lleve a una oportunidad pacífica de cambio", según el analista Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, que evalúa en 70% el rechazo al proyecto de Maduro.
A su vez, el desafío del gobierno es evitar una baja participación en la elección de la Constituyente porque nacería sin "legitimidad", según el analista.
La consulta del domingo contra Maduro tuvo el apoyo de asociaciones civiles, de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), de Estados Unidos y de varios gobiernos de América Latina y Europa.
El proceso tuvo como observadores a los expresidentes Jorge Quiroga (Bolivia), Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica).
Fox, quien llamó a votar contra la dictadura", fue declarado "persona non grata" por el gobierno. Quiroga aseguró por su parte que "la comunidad internacional debe pedir que se anule esa Constituyente golpista".
"Sentarse a hablar"
La oposición acusa a Maduro de haber hundido la economía del país petrolero, con una inflación de tres dígitos, y de asfixiar a la población con una severa escasez de alimentos y medicinas.
El mandatario asegura que la Constituyente traerá la paz y recuperación económica, mientras la oposición afirma que con ese proyecto Maduro pretende consolidar y perpetuar una "dictadura".
Maduro pidió el domingo dar una "oportunidad" a su proyecto y llamó a los opositores a no volverse "locos" con los resultados del plebiscito y que "se sienten a hablar".
La Constituyente abrió una fractura en el chavismo, encabezada por la fiscal general, Luisa Ortega, quien no votó en la consulta simbólica pero sí saludó a un grupo de opositores que lo hacía cerca de la fiscalía.
Su esposo, Germán Ferrer, diputado chavista, y otros disidentes sí participaron. Maduro, que tiene el respaldo de los poderes electoral, judicial y militar, da por hecho que tendrá a partir de agosto una Constituyente que regirá al país como un "suprapoder" durante un tiempo indefinido.
