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En una cadena de radio y televisión, Maduro firmó un decreto de "estado de excepción y de emergencia económica" para "neutralizar y derrotar la agresión externa" que, aseguró, se cierne sobre su país.
Acompañado del gabinete ministerial en el palacio de gobierno, el mandatario socialista amplió de este modo los alcances de un decreto de emergencia económica vigente desde enero y cuya prórroga de dos meses expiraba este sábado.
Este nuevo decreto es "más completo, más integral, de protección de nuestro pueblo, de garantía de paz, de garantía de estabilidad, que nos permita durante este mes de mayo, junio, julio, y toda la extensión que vamos a hacer constitucionalmente durante el año 2016 y seguramente durante el año 2017, recuperar la capacidad productiva", añadió.
Maduro -enfrentado a una severa crisis económica y cuya gestión reprueba un 68% de los venezolanos, según la firma Venebarómetro- no detalló si la medida implicará restringir derechos civiles.
Según el periódico The Washington Post, funcionarios del servicio de inteligencia estadounidense estiman que el gobierno de Venezuela podría ser derrocado este año por una insurrección popular.
"Se puede oír el crujido del hielo. Se sabe que llega una crisis", comentó un funcionario de inteligencia citado este viernes por el diario.
Estados Unidos estima tener poca influencia en lo que sucede en Venezuela y sobre todo teme que el país colapse, según el Washington Post, que cita a funcionarios que hablaron en condición de anonimato.
Al dictar el decreto, Maduró criticó un encuentro que sostuvieron el viernes dirigentes opositores con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
En un foro en Miami, el jefe del organismo hemisférico dijo que el referendo revocatorio debe realizarse antes de diciembre, y planteó la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para debatir el estado de la democracia venezolana en la OEA.
Si la consulta no se realiza este año "se estaría afectando la posibilidad del pueblo de expresarse", afirmó el diplomático, subrayando que ello constituiría el "peor acto de corrupción política".
La declaratoria del Estado de excepción fue respaldada de inmediato por el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y la canciller Delcy Rodríguez.
"Hermano presidente Nicolás Maduro, cuente con nuestro apoyo al decreto de Estado de Excepción para enfrentar las amenazas contra la Patria", escribió Cabello en Twitter.
La canciller expresó en la misma red social que la medida pretende "defender a Venezuela de los golpistas".
En cambio, el diputado opositor Tomás Guanipa consideró que la ordenanza busca "desestabilizar el país e impedir el revocatorio".
- ¿Restringir garantías? -
El jueves, Maduro había anunciado la ampliación del decreto para impedir que la oposición venezolana -que controla el Parlamento- ejecute un golpe de Estado en su contra a la manera como, según él, se lo hizo en Brasil con Dilma Rousseff.
Debido a la separación del cargo de Rousseff para ser sometida a un juicio político, el presidente venezolano llamó a consultas a su embajador en Brasilia.
Maduro acusa a Estados Unidos de estar detrás de una maniobra para "acabar con las corrientes progresistas en América Latina".
El constitucionalista José Ignacio Hernández señaló que, si bien la emergencia económica es una de las formas del estado de excepción, con el nuevo decreto "parece que se restringirán otras garantías constitucionales".
La medida coincide con una nueva jornada de movilizaciones este sábado en Caracas, en el marco de la cual la oposición exigirá que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cumpla los plazos para que el revocatorio se haga este año.
Maduro, por su parte, liderará un mitin en el que anunciará otras medidas frente a la crisis, reflejada en una alta inflación (180,9% en 2015) y severa escasez de bienes básicos.
El pasado 2 de mayo, la MUD entregó al CNE 1,8 millones de firmas para pedir la activación de un revocatorio contra Maduro, nueve veces más el número de rúbricas exigido como requisito.
La auditoría de esas firmas concluirá el 2 de junio, y si ajusta a la norma, el CNE convocará a unos 200.000 interesados a validar su rúbrica con la huella dactilar. Luego, la MUD debería recaudar cuatro millones de firmas para que se convoque el referendo.
La oposición espera realizar la consulta a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo sostiene que los plazos legales no lo permitirán.
Este aspecto es crucial, pues si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.
