El 14,8 % de las mujeres en Colombia no tiene acceso a las toallas higiénicas y tampones.Crédito: Ingimage
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudia la posibilidad de quitar el IVA a las toallas higiénicas y tampones al tratarse de un producto de primera necesidad para las mujeres.
Se trata de una discusión que también se dio en otras partes del mundo, donde se logró retirar la carga tributaria a estos productos, ya sea por motivos económicos o luego de campañas ciudadanas que lograron gran impacto en la esfera política.
En julio el Gobierno de la India decidió eliminar un polémico impuesto del 12% sobre los productos de higiene femenina. La decisión fue parte de una ronda de recortes de impuestos en varios artículos de necesidad básica.Crédito: Pixabay
En 2015 Canadá fue de los primeros países del mundo en eliminar el impuesto a tampones, compresas, copas menstruales y otros productos de higiene femenina después de una campaña independiente consiguiera el apoyo de todos los grupos políticos.Crédito: WikicommonsEn 2011 Kenia eliminó el impuesto sobre los productos menstruales para reducir costos y estimular el mercado para las toallas sanitarias.Crédito: WikicommonsEn 2016 se realizó la propuesta en México por parte de la congresista Angélica de la Peña principalmente porque eso aumenta el costo de un producto que las mujeres utilizan durante toda su vida. El proyecto se encuentra en trámite legislativo.Crédito: Pixabay
En julio pasado el Gobierno español anunció la eliminación de la 'tasa rosa' que afecta a los productos de higiene femenina.Crédito: PixabayEn 2017 se reveló que Argentina es uno de los países que estudiaban eliminar el gravamen luego de que se impulsara la campaña #MenstruAcción.Crédito: WikicommonsEn algunos estados de Estados Unidos ya se eliminó el impuesto, pero otros lo mantienen. De hecho Nueva York fue más allá y en junio de 2016 se aprobó la distribución gratuita de toallas femeninas y tampones en escuelas públicas, albergues y cárceles.Crédito: Wikicommons
Raúl Castro fue acusado por la justicia federal de Estados Unidos de haber autorizado una operación militar que culminó con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate.
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