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Donald Trump / AFP
21 Ene 2018 08:23 AM

Lo que cumplió y no cumplió Trump en su primer año de mandato

Según la agencia de noticias Anadolu, el primer año de Donald Trump es el espejo del país que dejó su predecesor, Barack Obama. Trump cumplió, en casi nada.
La
Fm

Donald Trump terminó su primer año de mandato con una cuota de promesas presidenciales cumplidas a medias. Por ejemplo, revalidó su vínculo con las grandes compañías a través de una reforma que permitió reducir la tarifa de impuestos para los industriales, pero a su vez no levantó “un insignificante muro” que, según él, busca frenar el paso de “violadores y traficantes” en la frontera con México.

Ese es Trump, la antítesis del político convencional. Él, a fuerza de trinos y pragmatismo, quiere asegurase de cumplir lo que prometió, para bien o para mal.

Cabe destacar que en lo corrido de su primer año en la Casa Blanca, el actual presidente de EEUU no interrumpió la tendencia en la disminución de la tasa de desempleo que se inició con Barack Obama. De hecho, la cifra de trabajos generados en el 2017 (173.000) fue apenas menor que la del 2016 (187.000).

Aunque, con el objetivo de mantener el vínculo con sus seguidores, Trump concedió altos cargos ejecutivos para dirigentes conservadores que pretenden desarrollar -bajo su directriz- políticas públicas en contra de la inmigración y de las comunidades minoritarias.

En esa lógica de oscilaciones, el Gobierno de Trump sostuvo el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo semestre del 2017 en un 3%, una cifra aceptable si se tiene en cuenta el aumento de las exportaciones y el gasto del Gobierno federal.

En ese sentido, el profesor de economía de la Universidad de Rutgers (New Jersey), Arturo Osorio, le dijo a la Agencia Anadolu que por lo general el primer año de cualquier presidente de Estados Unidos es el espejo de su predecesor. “Los avances o desaciertos de la política económica que tuvo Trump son el coletazo de la administración Obama. El verdadero impacto social y financiero se hará evidente en el 2018 y 2019”, aseguró.

DACA

En septiembre de 2017 Trump anunció la suspensión del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), una incitativa implementada hace cinco años por el gobierno del expresidente Barack Obama que protegió de la deportación a unos 800.000 jóvenes indocumentados en el país.

A pesar del aparente aval constitucional, que le permitía al jefe de Estado cumplir con una de sus propuestas de campaña más polémicas (por sus tintes xenófobos), el juez federal, William Alsup, aceptó una solicitud del estado de California en la que los demandantes pidieron que el plan migratorio continuara.

Esta desautorización fue una de las más relevantes para Trump durante este año, ya que los miembros del DACA pueden seguir presentando los papeles correspondientes para ser parte del programa hasta un nuevo aviso de la Corte Suprema.

“El gobierno norteamericano es de estructura legal, entonces un decreto presidencial puede ser interrumpido por una orden jurídica. En este caso, las bases legales que dio Trump para interrumpir DACA no se consideraron suficientes y por lo tanto este continúa abierto”, indicó Osorio.

Un estudio de la Universidad de California, realizado a 3.063 estudiantes en 46 estados de EEUU, demostró que la contribución a la economía de los “jóvenes DACA” es positiva. El 16% están pagando los créditos de su primer hogar; 65% compraron carros en promedio por USD 16.469 y abrieron nuevos negocios; y el 72% de las 500 compañías más importantes de EEUU emplean a beneficiarios del programa.

Pero no solo el DACA fue amparado por el poder judicial. En similares circunstancias fueron prohibidas algunas propuestas migratorias antimusulmanas que impulsaron a Trump en las elecciones.

Políticas migratorias

En este caso, el juez federal de Honolulu (Hawái), Derrick Watson, pronunció una orden de bloqueo a unos artículos de la iniciativa antiinmigrante emitida por Donald Trump.

Watson denegó la aplicación del decreto que niega el ingreso a suelo norteamericano de ciudadanos de Irán, Chad, Libia, Somalia, Siria y Yemen. Aunque todavía se mantiene vigente el veto de entrada para los norcoreanos, así como para algunos dirigentes venezolanos y sus familias.

El juez frenó tal medida aduciendo que esta violaba la ley de inmigración constitucional.

La orden de Watson impidió que el gobierno federal pudiera hacer cumplir las restricciones formuladas por la administración de Trump el 27 de septiembre del 2017, las cuales, según el Gobierno, aseguran un periodo proteccionista a las amenazas del terrorismo mundial.

Expulsión de inmigrantes latinos

A pesar de repetir en sus discursos de campaña que estaba en capacidad de expulsar a los 11,1 millones de inmigrantes latinos que residen en EEUU, Trump no cumplió a cabalidad con su promesa.

Es cierto, se han hecho más redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) y hasta ordenó arrestar a personas donde antes no se hacía: templos religiosos, cortes públicas y hospitales, pero el número de deportados a países latinoamericanos aún es insignificante.

El profesor Osorio dijo que “la reducción en la tasa de inmigración ilegal a los Estados Unidos no depende del éxito de las deportaciones masivas sino de las políticas sociales que hacen menos deseable el migrar a este país”. Esas mismas políticas sociales, de forma colateral, determinaron una disminución en la migración ilegal.

Además, según el Center for American Progress (CAP), la estrategia de deportación masiva costaría unos USD 10.070 por persona. Es decir, expulsar a 11,1 millones de inmigrantes indocumentados costaría USD 112.000 millones.

Muro fronterizo

El muro entre México y EEUU es una de las grandes obsesiones de Trump y, en efecto, está dispuesto a construirlo. Para hacerlo adelantó algunas maniobras políticas, por ahora inútiles.

En los primeros días del año que corre le pidió USD 18.000 millones al Congreso para comenzar la construcción del muro, pero el Legislativo no aprobó esa financiación.

Según explicó el profesor de la Universidad de Rutgers, “el Gobierno Trump tiene un fondo provisional de operación para estas medidas que tendría que ser aprobado en los siguientes días por el Parlamento. Un grupo de los republicanos pidió que se anexara -por instrucción de Trump- la renovación de fondos de operación de gobierno junto con una solicitud financiera al Congreso para que se pueda comenzar a construir el muro”.

A pesar de que el Congreso no aprobó el capital monetario necesario para iniciar el muro, Trump ya adelantó el pago de una serie de contratos menores para que se levanten unos prototipos ubicados en la frontera sur del país. Estas paredes provisionales realmente no generan ninguna traba para el paso de migrantes y, en ese sentido, muchos republicanos del Senado se quieren distanciar del proyecto porque tiene una imagen negativa entre la masa de votantes a nivel nacional.

Trump afirma que los mexicanos pagarán por esta pared gigante a través de tarifas arancelarias sobre las importaciones desde México, y que aprobará la retención de exportación de capital, algo que diferentes analistas internacionales consideran una guerra arancelaria contra México porque negaría los principios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Tampoco está en capacidad de retener las remesas que los ciudadanos mexicanos envían a su país. “Lo que sí puede aprobar es un impuesto de transmisión de remesas, el equivalente a un impuesto de servicios, eso lo puede hacer libremente”, aseveró Osorio.

Disminución de impuestos

El presidente de Estados Unidos redujo hasta la fecha los impuestos para las grandes compañías, pero a nivel de los ciudadano todavía no se puede determinar si eso ocurrirá. El análisis correspondiente se hará con la entrega de los impuestos el 15 de abril de este año.

Es importante destacar que la cantidad de dinero que se le reembolsa a los empleados por el pago de impuestos fue un poco mayor en 2017, pero no porque hubo una disminución de obligaciones tributarias sino porque se cambió la retención de beneficencia.

Jerusalén, capital de Israel

Entre tanto, el primer año de Trump cerró con una decisión que rompió buena parte de las relaciones exteriores de la Casa Blanca con la comunidad internacional. A comienzos de diciembre del 2017, el mandatario reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la embajada estadounidense a esa ciudad.

El brusco cambio suscitó manifestaciones en los territorios ocupados palestinos, Turquía, Egipto, Jordania, Argelia, Irak y otros países musulmanes.

Jerusalén permanece en el centro del conflicto palestino-israelí, ya que los palestinos esperan que Jerusalén oriental -ahora ocupada por Israel- sea la futura capital del Estado Palestino.

Obamacare

Trump está a punto de tumbar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), una de las políticas del expresidente Obama. Esta políticaacrecentó la cobertura de salud con el programa Medicaid, para cubrir las necesidades de medicamentos de adultos mayores con bajos ingresos, y que facilitó la aprobación de pólizas médicas privadas a personas con bajos recursos a través del HealthCare.gov.

El programa sigue vigente, pero a través de diferentes decretos y reglamentaciones están frenando la designación de fondos.

“Hasta el día de hoy Obamacare funciona, pero la extensión de la ley se ha transferido a nivel estatal. En algunos estados del sur pusieron restricciones al acceso de la seguridad médica. Antes, cualquier persona recibía seguridad medica sin importar su condición de empleo, tendencia sexual o religiosa. Ahora quieren poner una reglamentación con la que solo se puede adjudicar este beneficio para quienes conservan un trabajo o pueden demostrar que están en búsqueda de uno”, explicó el profesor Osorio.

Según indicó este analista económico, el gobierno de Trump pretende implementar una estrategia en la que los proveedores de servicio médicos pueden rechazar a la persona por diferencias con sus principios religiosos o morales.

Así pues, los abortos, tratamientos de hormonas o servicio médicos para la comunidad LGTBI podrían ser negados si la persona que provee el servicio considera que vulnera su identidad moral.

Con información de Agencia Anadolu