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El Congreso, controlado por la oposición, consideró que el decreto "profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que padece Venezuela", y además "representa un franco abandono de la Constitución por parte del Presidente de la República".
El parlamento, con la mayoría que le da el voto opositor, también aprobó "instar a la ONU, OEA, Mercosur y Unasur para que contribuyan, junto a esta Asamblea nacional y al pueblo de Venezuela, a poner freno al desmantelamiento de la democracia y el Estado de Derecho que está siendo llevado a cabo por el Presidente de la República y las instituciones que están a su servicio".
El gobierno venezolano emitió un decreto de estado de excepción con el que Maduro se otorga amplios poderes para enfrentar la crisis económica y contener la ofensiva para sacarlo del poder.
El decreto, que entró en vigencia el pasado viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el "disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno" y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y el acceso a los alimentos, señala el texto.
Entre las justificaciones, la ordenanza indica que la oposición pretende el "desconocimiento de todos los poderes públicos" y promueve la "interrupción del período" de Maduro, en alusión al referendo revocatorio que promueve en su contra.
La Asamblea Nacional venezolana, que está facultada por la Carta Magna para validar o negar los estados de excepción decretados por el Jefe de Estado, ya había rechazado una emergencia económica y su prórroga en los últimos meses, que no obstante fue aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia, una decisión que la oposición consideró como ilegal de parte de una corte que califica al servicio del gobierno.
Venezuela vive una crisis económica con gran malestar social, causado por la escasez de más de dos tercios de los productos básicos, una inflación de tres dígitos, y el derrumbe del PIB a -5,7% en 2015.
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