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Tomás Ignacio Guanipa Villalobos, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, analizó en LA F.m. esta decisión
El Tribunal -acusado por la oposición de estar a órdenes de Maduro- falló que el control de la Asamblea Nacional se limita al Ejecutivo, eliminando la posibilidad de supervisar los actos de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano.
El control político "se extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional y no sobre el resto de los Poderes Públicos (...) tampoco sobre el poder público estadal ni sobre el poder público municipal", indica la sentencia de la Sala Constitucional.
Con ello se frenó la proyectada remoción de 34 magistrados del TSJ por parte la oposición legislativa, que alega irregularidades en su nombramiento por parte del anterior Parlamento -de mayoría chavista- poco antes de finalizar su período en diciembre pasado.
La corte declaró inconstitucional la revisión que efectuó una comisión parlamentaria sobre la designación de esos jueces, a quienes sugirió revocar. El mismo comité planteaba reformar la ley que rige al tribunal.
El blindaje del TSJ resulta crucial, pues sus jueces deberían fallar sobre la legalidad de una eventual enmienda constitucional para reducir el mandato de Maduro (elegido hasta 2019), una de las vías que baraja la oposición para anticipar la salida del gobernante socialista, enfrentado a una grave crisis económica por la caída de los precios del petróleo.
- Enmienda o revocatorio -
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) -que controla la Asamblea con una amplia mayoría calificada desde hace casi dos meses- anunciará el camino legal que seguirá para relevar al presidente.
Entre otras opciones, se ha planteado convocar un referendo revocatorio o una Asamblea Constituyente.
El presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, evitó adelantar un criterio sobre la sentencia.
"No sería responsable opinar antes de hacer el estudio a fondo. Lo haremos con detalle y daremos una respuesta en los próximos días", señaló el diputado a periodistas.
Este fallo se suma a otro que dejó en firme una emergencia económica decretada por Maduro, desconociendo la decisión de la mayoría parlamentaria que la rechazó.
"Esto ratifica la intención de la Sala Constitucional de dejar pintada en la pared a la Asamblea. Le sustrae la posibilidad de que muchos funcionarios clave del poder electoral o judicial o de la Fuerza Armada puedan ser llevados a interpelación", declaró a la AFP el constitucionalista Juan Manuel Rafalli.
La decisión judicial además determina que la oposición tiene una mayoría calificada de tres quintas partes y no de dos tercios, luego de que el Tribunal Supremo suspendió provisionalmente la elección de tres diputados opositores a quienes el chavismo impugnó.
"Estamos en presencia de un golpe de Estado, están sacando del camino a un poder público", señaló a la AFP Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello.
Alarcón consideró que "el aislamiento institucional de la Asamblea es para que la oposición no pueda impulsar un cambio de gobierno".
La oposición "tiene que centrar su batalla en el campo político, porque en el institucional la tiene perdida", sostuvo. Rafalli coincidió en que la oposición debe pugnar en la arena política.
El asambleísta y número dos chavismo, Diosdado Cabello, pronosticó el lunes que los intentos de la oposición para acortar el periodo de Maduro estaban condenados al fracaso. "No tenemos ninguna duda que de cara a lo que viene ninguna de estas iniciativas tendrá éxito", aseguró.
