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El juez federal Julián Ercolini embargó a Máximo y Florencia Kirchner 16 inmuebles, entre los que se encuentran los hoteles Alto Calafate y La Aldea, que integraban la herencia del fallecido exmandatario (2003-2007), así como la parte de esa sucesión que había sido cedida a sus hijos por Fernández, su viuda, en marzo pasado.
El embargo responde a una petición realizada la pasada semana por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la gestión de Hotesur, la administradora de hoteles propiedad de la familia.
Según informó este viernes la agencia estatal Télam, Ercolini dispuso también el decomiso de un vehículo y de la participación societaria de los hijos en las empresas Los Sauces, Hotesur y Coma SA, valorada en 13,7 millones de pesos (850.000 dólares), ya que los procuradores consideran que todas ellas integraron el mismo entramado societario que se investiga.
En su solicitud, Pollicita y Mahiques consideraron que existen "sólidos indicadores que demuestran la intención de las personas investigadas de diluir el voluminoso patrimonio que registran en pos de que no pueda ser tutelado por la justicia", de modo que el embargo preventivo permitirá "resguardar los valores que eventualmente podrían ser decomisados".
El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer, quien acusó a la expresidenta (2007-2015) y a otros altos cargos de su Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
La diputada aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) propiedad de Hotesur, podía ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Báez.
El expediente busca determinar si la expareja presidencial y sus hijos resultaron beneficiarios de forma "sistemática y coordinada" de los pagos que los empresarios adjudicatarios de obra pública "favorecidos" por el Estado "habrían realizado a favor de ellos".
En el marco de esta investigación, el pasado julio la Justicia dispuso el embargo sobre los 4,66 millones de dólares que contenían las cajas de seguridad propiedad de Florencia, así como 1,03 millones de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (unos 3.300 dólares) de otra, un dinero que la joven dijo que era producto de la herencia de su padre y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.
Con información de EFE
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