Jueza que ordenó la captura de Leopoldo López revela que lo hizo por miedo

Una comisión formada a instancias del secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizó nuevas audiencias para determinar si hay fundamentos para llevar a Caracas a la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.

En las audiencias del lunes se tomó el testimonio de la jueza Ralenis Tovar, el magistrado Pedro Tronconis, el legislador Armando Armas y el diplomático Isaías Medina, así como Rosa Orozco, madre de una joven que murió en 2014 a causa de la represión. La jornada estuvo centrada en discutir abusos del poder judicial venezolano.

Ralenis Tovar es la jueza que firmó la orden de prisión del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, y en su declaración de este lunes -ofrecida desde Canadá- afirmó que estampó su firma en esa decisión por miedo a represalias. "Era madre sola de una niña, eso me llevó a firmar", dijo Tovar, quien al ser consultada si existe en Venezuela una política sistemática de intimidación a los integrantes del poder judicial no tuvo dudas: "Sí, por supuesto", respondió.

En tanto, Medina, quien se desempeñó como consejero de la representación de Venezuela ante la ONU, se concentró en denunciar como el gobierno de Caracas dificultó la recepción de ayuda humanitaria. El testimonio más brutal del día fue el Orozco, cuya hija Geraldín Moreno recibió un disparo a quemarropa en el rostro durante una represión y falleció poco después.

Orozco narró en detalles lo ocurrido en febrero de 2014, cuando su hija resultó muerta, pero acompañó su exposición con láminas que mostraban fotos del rostro desfigurado de la joven y de las intervenciones quirúrgicas de urgencia que trataron de salvarle la vida. Esta comisión reanudará sesiones el martes con el testimonio de ex alcaldes y funcionarios de nivel municipal de Venezuela.

La comisión había sido lanzada por Almagro para levantar información que permita verificar si había elementos suficientes para acusar al gobierno de Venezuela ante la CPI por delitos de lesa humanidad. Para ello, Almagro sumó al magistrado argentino Luis Moreno Ocampo, ex titular de la CPI y quien definió el formato en que se realizarían las audiencias.

El plan era que Moreno Ocampo prepararía un informe a ser analizado por tres expertos, quienes finalmente elevarían a la OEA su opinión sobre si había o no elementos para denunciar a Venezuela ante la CPI. Sin embargo, las denuncias contra Moreno Ocampo por poseer cuentas ocultas en paraísos fiscales obligaron a un cambio de rumbo.

La audiencia de este lunes se realizó sin la presencia de Moreno Ocampo. La OEA había distribuido la semana pasada una nota en que agradecía al magistrado argentino "sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha" del proceso, aunque este lunes quedó claro su alejamiento del proceso.

Los tres expertos convocados y que tomaron ele lunes las declaraciones son el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la CIDH; el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana; y el canadiense Irwin Cotler, ex fiscal general de su país.