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Italia emprenderá acciones legales contra la farmacéutica Astrazeneca por la reducción del lote de vacunas del coronavirus, como ya ha hecho con Pfizer y BioNtech por los mismos motivos, ha anunciado el primer ministro, Giuseppe Conte.
"Recurriremos a todos los instrumentos y a todas las iniciativas legales, como ya estamos haciendo con Pfizer-BioNtech, para reivindicar el respeto a los compromisos contractuales y proteger a nuestra comunidad nacional", aseguró en sus redes sociales.
El ministro de Sanidad italiano, Roberto Speranza, se ha reunido con los directivos de Astrazeneca en el país y le han confirmado la reducción de los envíos por problemas de producción del compuesto.
Italia estima que recibirá 3,4 millones de dosis en vez de ocho como estaba estipulado en el primer trimestre del año, una vez que la vacuna de Astrazeneca reciba el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), previsiblemente antes de este 29 de enero.
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"Todo esto es inaceptable, nuestro plan de vacunación, aprobado por el Parlamento y ratificado por la Conferencia Estado-Regiones, ha sido elaborado en base a compromisos contractuales libremente firmados por las farmacéuticas y la Comisión Europea, denunció.
Conte explicó que así las regiones se ven obligadas a ralentizar las campañas de vacunación y esto a su vez provoca "daños enormes a Italia y al resto de países europeos con consecuencias directas en la vida y salud" de las personas y en el tejido económico y social.
Italia también estudia acciones legales contra Pfizer, la fabricante de la vacuna que se está suministrando ahora mismo en el país junto a la de Moderna, por retrasos en las entregas.
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Sobre todo preocupa a las autoridades el retraso en la aplicación de la segunda dosis del compuesto, que debe inyectarse tres semanas después de recibir la primera (La EMA ha desaconsejado retrasarlo más de 42 días).
Italia es uno de los países europeos más avanzados en su campaña de vacunación: hasta ayer sábado se habían suministrado 1.343.880 dosis y 71.694 personas estaban ya vacunadas, especialmente médicos y sanitarios, aunque ya se está aplicando a mayores de ochenta años.
