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La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) escogió a tres de los siete jueces que conforman la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en el marco de la 48 periodo de sesiones del organismo.
En la votación solo participaron los 22 países miembros de la CorteIDH, del total de 34 que integran la OEA (salvo Cuba, que no participa del organismo).
Humberto Sierra Porto, de Colombia; Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de México, y Ricardo Pérez Manrique, de Uruguay, fueron los elegidos, quedando fuera la candidata boliviana, Nardi Elizabeth Suxo Iturry.
Poisot, que obtuvo 21 votos a favor, es el actual Presidente de la CorteIDH y también es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Sierra Porto, quien obtuvo 20 votos, es en la actualidad juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde fue presidente entre 2014 y 2015, además de haber presidido anteriormente la Corte Constitucional de Colombia.
El uruguayo Pérez Manrique, con 16 votos, es la nueva adición a la Corte y fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Además, es miembro de la Comisión Interamericana de Ética Judicial y trabaja como docente e investigador principalmente en universidades de Argentina y Uruguay, entre otros.
El uruguayo sustituirá al brasileño Roberto de Figueiredo Caldas, quien abandona el tribunal por finalización de su mandato.
La CorteIDH, integrada por un total de siete jueces, se completa con el chileno, Eduardo Vio Grossi, quien ocupa el cargo de vicepresidente; la jueza costarricense Elizabeth Odio Benito; el juez argentino Eugenio Raúl Zaffaroni y el juez ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire.
Se trata de una institución judicial autónoma de la OEA y su objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana, o también llamada Pacto de San José de Costa Rica, un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados partes.
Los casos que llegan a este organismo son remitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que le compete la observancia y recomendaciones para la defensa de los derechos humanos.
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