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Una escena silenciosa, pero profundamente simbólica y, por demás, llamativa, se instaló en las afueras de un centro penitenciario en Caracas: una decena de familiares de presos políticos decidió iniciar una huelga de hambre para exigir la liberación de sus seres queridos, en medio de la incertidumbre generada por el aplazamiento de la aprobación de una histórica ley de amnistía en Venezuela.
La protesta, que según el portal noticioso de AFP se desarrolla frente a los calabozos policiales conocidos como Zona 7, donde desde hace más de un mes permanecen acampadas familias que reclaman respuestas del Estado.
Según se da cuenta, varias mujeres, utilizando tapabocas y acostadas en fila sobre el suelo, iniciaron un ayuno como medida extrema para acelerar el proceso de excarcelaciones que días antes fue anunciado por el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero, bajo fuerte presión internacional, especialmente desde Washington.
Durante la madrugada previa a la protesta, 17 presos políticos fueron liberados de ese mismo recinto, un gesto que los manifestantes consideran insuficiente frente al número de detenidos que aún permanece tras las rejas.
Ante este panorama, es oportuno recordar cifras como las entregadas por la ONG Foro Penal, que señaló que desde enero al menos 431 personas han obtenido libertad condicional, mientras que unas 644 continúan privadas de la libertad por motivos políticos.
“Dormir calma el hambre”: la protesta desde el dolor familiar
Las horas avanzan lentamente bajo el sol caraqueño. Según el relato de AFP, algunas de las mujeres dormían aún entrada la mañana, intentando soportar el ayuno. “Dormir calma el hambre”, dijo una de las participantes bajo condición de anonimato, reflejando el desgaste físico y emocional de quienes aseguran no estar preparadas para una protesta de este tipo.
Evelin Quiaro, funcionaria del servicio de migración y madre de un detenido desde noviembre de 2025, explicó que su hijo fue acusado de terrorismo y asociación para delinquir tras ser vinculado a un supuesto intento de atentado en la capital. “El significado principal es que nos den respuestas concretas sobre la liberación de todos”, afirmó.
La mujer confesó que nunca había participado en una huelga de hambre y que su última comida fue apenas unas horas antes del inicio del ayuno. Sin embargo, insiste en que la presión ha comenzado a surtir efecto y que permanecerán allí hasta obtener resultados.
Una ley clave atrapada en disputas políticas
Pero el panorama no es el más alentador. Hay que recordar que la tensión aumentó luego de que la Asamblea Nacional aplazara la votación de la ley de amnistía propuesta el 30 de enero, iniciativa que, en teoría, cubriría procesos judiciales ocurridos durante los 27 años del chavismo. El retraso responde a desacuerdos entre diputados sobre el alcance de la norma y el papel que deberá cumplir el poder judicial en su aplicación.
El aplazamiento cayó como un golpe para las familias que esperaban una salida rápida para los detenidos. Para muchos, la huelga de hambre representa el último recurso ante lo que consideran un proceso lento e incierto.
Entre liberaciones parciales y presión internacional
Sin duda alguna, la crisis de los presos políticos se ha convertido en uno de los principales termómetros del nuevo escenario político venezolano tras la salida de Nicolás Maduro a inicios de enero.
En este punto, algunos analistas señalan que las liberaciones graduales buscan aliviar tensiones internas y responder a exigencias externas, mientras el país intenta redefinir su rumbo institucional.
Por ahora, en las afueras de Zona 7, la protesta continúa. No hay consignas estridentes ni marchas multitudinarias, solo cuerpos acostados sobre el pavimento y familias aferradas a una esperanza: que el hambre logre lo que meses de espera no han conseguido.
Porque no se puede pasar por alto que, para quienes permanecen allí, la discusión política tiene un rostro concreto: el de hijos, hermanos y padres que aún esperan salir de prisión.
