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Llegaron buscando asilo o ya residían desde hace tiempo en Estados Unidos, pero al ser deportados a El Salvador se enfrentaron a su mayor temor: la muerte o abusos que involucraron, en algunos casos, a la propia autoridad.
"Jacinto K", "Angelina N", así como "Walter T" y "Gaspar T" son solo algunos de los 138 casos de asesinatos y 70 de maltratos identificados por Human Rights Watch (HRW) en el informe "Deportados al peligro: Las políticas de Estados Unidos sobre deportación exponen a salvadoreños a muerte y abusos".
Son historias -no todas, ya que no existe un conteo oficial- ocurridas entre 2013 y 2019 que desvelan lo que supone para miles de inmigrantes volver al lugar del que huyeron en busca de seguridad.
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Durante la investigación, que se desarrolló de noviembre de 2018 a diciembre de 2019 en El Salvador, México y Estados Unidos, fueron entrevistadas más de 150 personas, entre deportados, familiares de las víctimas, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, funcionarios públicos y abogados de inmigración.
Retornados a la muerte
"Este informe muestra que Estados Unidos ha retornado gente para sufrir lesiones muy graves, la muerte inclusive", dijo Elizabeth G. Kennedy, coautora del documento.
Aunque la investigadora apunta que el estudio abarca casos ocurridos en otras administraciones, advierte que el Gobierno de Donald Trump "ha atacado más que presidentes anteriores el sistema de asilo que históricamente había existido en Estados Unidos".
Clara Long, investigadora principal del programa de Estados Unidos en HRW y también coautora, destaca que el estudio "muestra el costo humano" de las políticas contra la migración.
"No estamos diciendo que la protección de solicitantes de asilo era perfecta ni buena antes de Trump, porque investigamos muchos casos también de personas devueltas bajo la política de Barack Obama", agregó Long, para quien existen "problemas sistemáticos" en el sistema de protección estadounidense.
Sin embargo, indicó que en este momento, debido a varias políticas de Trump, "el espacio para la protección de personas que tienen necesidades humanitarias" se "ha cerrado casi por completo".
El después
Sobre la actual Administración, Long advirtió que ha llegado a un punto donde "casi todas las puertas están cerradas".
Y "la consecuencia de esto se mide en vidas humanas", apuntó la experta, quien, al comentar este trabajo, recordó: "Cuando una persona es deportada, se desaparece y no sabemos el fin de la historia; este reportaje es un intento de contar los fines de las historias".
Uno de esos casos es el de una expolicía, identificada como "Adriana J", quien fue deportada tras no recibir el beneficio de asilo. De vuelta en El Salvador, fue asesinada a balazos por integrantes de una pandilla en 2017.
Otro fue el destino para "Angelina N", quien abandonó el país centroamericano por temor a ser abusada por un pandillero y al ser devuelta en 2014 fue violada en reiteradas ocasiones por ese individuo.
También los primos "Walter T" y "Gaspar T", que escaparon con 16 y 17 años respectivamente, para no ser reclutados por la pandilla, se toparon tras su deportación con una nueva amenaza: la Policía.
Agentes irrumpieron en su vivienda para detenerlos y llevarlos a un cuartel, donde fueron sometidos a golpizas y amenazas al ser acusados de pandilleros. Tres días después fueron liberados sin enfrentar cargos, relató el informe.
"Nohemy P", quien huyó de El Salvador cuando tenía nueve años y era beneficiaria de DACA en el país, fue deportada en 2018 acusada de traficar a sus propios hijos y terminó viviendo junto a una tía en un vecindario violento. "Leticia P", madre de Nohemy, afirmó a HRW que su hija y dos primos deportados "casi no salen" por miedo.
Como uno de los hallazgos del estudio, Kennedy mencionó que "las personas se enfrentaron a los mismos riesgos y actores de los que habían huido". Tras la deportación, la repuesta de El Salvador y de los países vecinos se limita a las "primeras horas".
"El informe también documenta casos de lesiones graves entre autoridades que habían intentado pedir asilo", declaró Kennedy, quien consideró que devolver a la gente a una situación de peligro "es una violación de la ley nacional e internacional". De allí que para ella, este documento busca que "la población en general tome mucho más en serio este tema".
"Los ciudadanos en Estados Unidos piensan que si una persona salvadoreña, guatemalteca u hondureña es retornada, simplemente no va a ganar lo mismo, es decir, que van a ajustarse económicamente, no van a vivir tan bien. Pero este informe también muestra que muchas personas están huyendo de estos países y merecen protección, lo necesitan y tenemos la responsabilidad y la obligación de aceptarlas", subrayó.
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Para el senador demócrata Bob Menéndez, quien es el integrante de más alto rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado y es hijo de inmigrantes cubanos, el informe de HRW "es un recordatorio vergonzoso de la política xenófoba de la Administración de Trump de negarle protecciones a familias vulnerables que huyen de una muerte segura en sus países de origen".
"Las políticas de 'deportación primero' y 'Tolerancia cero' del presidente Trump no solo son grotescamente antiestadounidenses, sino que también son ilegales y violan las leyes que prohíben que nuestro Gobierno regrese a personas a países donde enfrentan tortura y persecución", sentenció en un comunicado.
