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A través de un comunicado los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del Grupo de Lima, expresaron su profunda preocupación ante la trágica muerte del concejal venezolano Fernando Albán, del partido Primero Justicia, ocurrida este lunes 8 de octubre en circunstancias que aún no han sido esclarecidas, quien se encontraba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas, bajo custodia de las autoridades venezolanas desde el 5 de octubre pasado.
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El Grupo de Lima le solicita al gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan.
De igual manera, refrendaron su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política y la existencia de presos políticos; al tiempo que reiteran su decisión de seguir realizando esfuerzos diplomáticos dirigidos a la restauración de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
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El concejal opositor Fernando Albán, quien se hallaba detenido por un presunto atentado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, apareció muerto el lunes anterior en la sede del servicio de inteligencia denominado Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Según el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, se quitó la vida. sin embargo, su partido, Primero Justicia, denunció que se trató de un "asesinato". "Responsabilizamos a Maduro y a su régimen torturador", señaló la organización en un comunicado.
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Saab explicó telefónicamente a la VTV televisión, a las órdenes del régimen de Maduro, que Albán "solicitó ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso diez". Albán, concejal del municipio Libertador de Caracas, fue detenido el pasado viernes acusado de participar en la explosión de dos drones cerca de la tarima en la que Maduro pronunciaba un discurso el 4 de agosto, durante un desfile militar en la capital.
El mandatario denunció ese hecho como un "magnicidio en grado de frustración" y responsabilizó como autor intelectual al diputado Julio Borges, fundador de Primero Justicia y exiliado en Colombia. La "crueldad de la dictadura terminó con la vida de Fernando Albán", reaccionó Borges en Twitter, al recordar que el concejal había viajado a Nueva York la semana pasada para visitar a sus hijos y lo acompañó a Naciones Unidas.
"No va a quedar impune su muerte", añadió el diputado, a quien Maduro acusa de formar parte de una trama para derrocarlo con la ayuda de Estados Unidos y Colombia. El fiscal anunció una "investigación exhaustiva" y prometió esclarecer las causas.
