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El Gobierno español aprobó una reforma legislativa para la exhumación de los restos mortales del dictador Francisco Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos, un monumento que él mandó construir donde están enterrados combatientes de los dos bandos de la Guerra Civil (1936-1939).
El Ejecutivo, que preside el socialista Pedro Sánchez, modificará la ley de memoria histórica por medio de un decreto ley, que el Congreso de los Diputados deberá convalidar en el plazo de 30 días para confirmar su vigencia.
Los socialistas, con solo 84 de los 350 diputados, necesitarán el apoyo de otros grupos parlamentarios, pues los opositores Partido Popular (PP, centroderecha) y Ciudadanos (liberales), que suman 166 escaños, anunciaron que no votarán a favor del decreto.
Ciudadanos, que se abstendría en la votación, reprochó hoy a Sánchez que no haya buscado el consenso ni un acuerdo sobre el decreto y para convertir el monumento en un memorial que represente a todos los españoles.
El Partido Popular dijo que presentará un recurso en el Tribunal Constitucional porque el decreto ley está reservado solo para asuntos de urgente necesidad.
El martes pasado, el ministro español de Cultura, José Guirao, argumentó que un decreto ley era la fórmula más adecuada para esta reforma legislativa porque así se evitaría que cuestiones judiciales impidan acometer "cuanto antes" la exhumación de Franco, a la que se oponen los nietos, sus únicos familiares directos.
A principios de agosto, Sánchez calificó de "política" la decisión de exhumarlo, como reclaman partidos y organizaciones sociales de izquierda, disconformes con que la tumba del general español esté en el mismo lugar -una basílica- donde se encuentran enterrados republicanos muertos durante la guerra.
Franco gobernó España durante casi cuatro décadas hasta que murió en 1975 y fue enterrado en el Valle de los Caídos, 50 kilómetros al oeste de Madrid.
En mayo de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta que instaba al Ejecutivo -el PP gobernaba entonces en minoría- a la exhumación.
En la actualidad la Justicia española tramita algunas peticiones de familiares de republicanos enterrados a la fuerza en el monumento funerario y cuyos restos quieren recuperar.
