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El Gobierno estadounidense presentó una demanda contra Volkswagen, compañía a la que acusa de delitos medioambientales por el escándalo del trucaje de casi 600.000 de sus vehículos para evitar el control de emisiones contaminantes.
La demanda civil fue presentada por el Departamento de Justicia en un tribunal federal de Detroit (Michigan), en nombre de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), por "impedir y obstaculizar" los controles federales de emisiones contaminantes.
Según la demanda, el Departamento de Justicia considera que Volkswagen instaló en los motores diesel de casi 600.000 vehículos dispositivos ilegales para entorpecer sus sistemas de control de emisiones, con lo que superaban lo establecido legalmente.
El Departamento de Justicia indicó en un comunicado que la demanda alega que el fabricante alemán violó las normas medioambientales recogidas en la llamada Ley de Aire Limpio con la introducción en el mercado estadounidense de vehículos con características diferentes a lo que indicaba en sus certificaciones.
"Con la presentación de hoy, damos un paso importante para proteger la salud pública buscando que Volkswagen rinda cuentas por cualquier ilegalidad sobre la contaminación del aire, colocándonos en el camino de resolver" este problema, dijo en el comunicado Cynthia Giles, viceadministradora para el cumplimiento de normas ambientales del Departamento de Justicia.
La funcionaria aseguró que las conversaciones que han mantenido hasta el momento con el fabricante automovilístico para la llamada a revisión de los vehículos afectados con el fin de resolver el problema "no han producido una forma aceptable" de solución.
"Estas discusiones continuarán paralelamente a la acción judicial federal", agregó la viceadministradora del Departamento de Justicia.
Con su acción, Volkswagen "defraudó la confianza pública, puso en peligro la salud de la gente y tomó ventaja sobre sus competidores", dijo por su lado el fiscal general adjunto para recursos naturales y cuestiones medioambientales, John C. Cruden.
A la demanda se ha sumado la Oficina de Recursos del Aire de California, un estado en el que las normas medioambientales son más estrictas y en el que "los dispositivos ilegales de Volkswagen han provocado la emisión adicional de miles de toneladas de óxidos de nitrógeno", destacó la presidenta de esa institución, Mary Nichols.
Volkswagen comenzó en noviembre a ofrecer compensaciones económicas, tras el escándalo destapado en septiembre, a los compradores de coches afectados en Estados Unidos, pero esa solución no resuelve el contencioso abierto con las autoridades norteamericanas por el fraude.
Según las investigaciones de la EPA, los vehículos afectados son los equipados con motores de 2.0 litros y algunos de 3.0 litros, que en condiciones de conducción normales "emiten óxidos de nitrógeno a niveles hasta 40 veces superiores" a los admitidos.
Volkswagen, que también es objeto de demandas colectivas por parte de consumidores por este mismo escándalo, ha admitido el trucaje de algunos modelos de sus vehículos para ocultar el nivel de sus emisiones contaminantes en los controles oficiales.
Incluso el presidente del Grupo Volkswagen en EE.UU., Michael Horn, tuvo que comparecer en octubre pasado ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes para intentar explicar a los congresistas las acciones de la empresa.
Cuando los legisladores le preguntaron si el "objeto expreso" del software ilegal implantado en los sistemas de control de gestión de los motores diesel vendidos entre 2008 y 2015 en EE.UU. era engañar a la EPA sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno de los vehículos, Horn respondió: "Sí, fue instalado con ese propósito".
La compañía ha empezado a notar un descenso en sus ventas debido a este escándalo, con un descenso del 25 % en noviembre debido a la salida del mercado de los vehículos equipados con motores diesel de 2 y 3 litros, los afectados por el trucaje.
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