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Francia iniciará la vacunación contra el coronavirus "en la última semana de diciembre", si se cumplen "todas las condiciones", anunció este miércoles el primer ministro, Jean Castex, ante la Asamblea Nacional.
Para la primera fase, que debería prolongarse entre seis y ocho semanas, el objetivo es vacunar a un millón de personas, las de mayor edad, precisó Castex en una comparecencia ante los diputados junto a su ministro de Sanidad, Olivier Véran, que pretende superar las reticencias de una parte significativa de la población.
En una segunda fase que se desarrollará "en función de los aprovisionamientos", se tratará de vacunar a 14 millones de personas que se consideran vulnerables en razón de su salud o de sus antecedentes médicos, y desde luego al personal sanitario
"Al final de la primavera, abriremos la vacunación al conjunto de la población", señaló el primer ministro, que recordó que, dentro de las compras colectivas realizadas por la Unión Europea, Francia (que tiene una población de 67 millones de habitantes) debe recibir dosis para vacunar a 100 millones de personas.
"Ninguna vacunación, ni siquiera en las residencias --subrayó--, se hará sin el consentimiento informado de las personas concernidas".
El jefe del Gobierno se mostró convencido de que "la llegada de la vacuna marcará una inflexión en la lucha contra la covid", pero "el inicio de la campaña de vacunación no será el fin de la epidemia" y por eso "seguirá siendo indispensable" continuar con las políticas de contención y con las restricciones.
A ese respecto, confirmó que el 7 de enero, cuando se tengan los primeros resultados del comportamiento de la epidemia durante las vacaciones de Navidad, se estudiará la reapertura de cines, teatros, museos, salas de espectáculos o museos, para los que inicialmente se había contemplado una vuelta a la actividad el 15 de diciembre, finalmente pospuesta.
Castex explicó que ha consultado a los grupos políticos y que "muy mayoritariamente" se han manifestado en favor de "descartar toda acción coercitiva" para obligar al aislamiento de las personas que hayan tenido un test positivo por coronavirus.
Por eso no se van a dejar las cosas como están y no habrá sanciones para los que no lo respeten. No obstante, la Seguridad Social va a contratar a 4.000 personas para hacer el seguimiento de los casos positivos y sus contactos, a los que se prestará ayuda.
Desde enero, a cada persona con un diagnóstico positivo se le propondrá una visita a su domicilio para evaluar sus necesidades y darle asistencia, lo que movilizará cada día a 1.500 enfermeras y a otros 3.000 empleados de la Seguridad Social.
