Fiscalía francesa pide 2 años de cárcel para expresidente Nicolas Sarkozy

Sarkozy atacó a la Fiscalía Financiera, a la que acusó de tejer contra él una persecución desde su salida del Elíseo.
Nicolas Sarkozy, expresidente francés
Nicolas Sarkozy, expresidente francés. Crédito: AFP

La Fiscalía francesa pidió este martes una pena de 2 años de cárcel firme y otros 2 exentos de cumplimiento contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias.

El fiscal Jean-Luc Blachon consideró probados ambos delitos, sacados a la luz por las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía entre Sarkozy y su abogado Thierry Herzog, para quien pidió una pena similar.

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También solicitó dos años firmes y dos exentos de cumplimiento para el exmagistrado del Supremo Gilbert Azibert, acusado de haberse dejado corromper a cambio de un ascenso en su carrera.

El expresidente testificó este lunes ante el tribunal que le juzga y negó de forma tajante los delitos por los que se le acusa al tiempo que atacó a la Fiscalía Nacional Financiera, a la que acusó de tejer contra él una persecución desde su salida del Elíseo.

Durante más de tres horas, el hombre que dirigió Francia entre 2007 y 2012 se obstinó en un tono combativo en desmontar las acusaciones sacadas a la luz en las conversaciones mantenidas con su abogado Thierry Herzog a través de un teléfono intervenido por la policía en otra investigación, la financiación libia de su campaña electoral.

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Sarkozy negó haber intervenido en favor de Azibert, pero reconoció haber podido hacerlo "no por él, por la amistad con Thierry" Herzog.

Sarkozy aseguró que su abogado recurrió a la amistad que tenía con Azibert para conocer "el ambiente" que había en el Supremo sobre el "caso Bettencourt", pero sin pedirle que intercediera y siempre con el único motivo de tranquilizar a su cliente.

"De las conversaciones se desprende que hay un acusado muy inquieto y un abogado afectuoso que quiere tranquilizarlo", señaló.

Junto a su abogado y a Azibert, Sarkozy está acusado de delitos que podían ser penados con hasta diez años de cárcel y 100.000 euros de multa.


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