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En diálogo con Radio con Vos, Ortega aseguró que si el Gobierno de Nicolás Maduro no la cesa de su cargo su intención es continuar hasta 2021, año que finaliza su mandato.
Para la procuradora, la institución que puede encargarse de destituirla de su cargo es la Asamblea General de Venezuela.
"Ya la Asamblea General fue declarada en desacato para imposibilitarle el ejercicio de sus funciones a través de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, y este procedimiento que están adelantando en mi contra también es fraudulento", destacó.
La fiscal venezolana reconoció comulgar con los "postulados humanistas" del expresidente Hugo Chávez (1999-2013) y su "vocación por los derechos humanos" y agregó que nunca antes en Venezuela se había "violado" como ahora los derechos humanos.
"Yo hice un juramento ante la Constitución de cumplirla", indicó antes de señalar que "desconoce" si "mañana" van a destituirla de su cargo en los "antejuicios" que se están celebrando en su contra, en los que para ella "puede pasar cualquier cosa" y de los que dijo son "ilegítimos".
El próximo jueves, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp) realizará en Buenos Aires una Asamblea General Extraordinaria en la que analizará la situación de la fiscal general venezolana.
"Allí se va a analizar el tema del Ministerio Público de Venezuela, que en los últimos meses está siendo blanco de ataque fundamentalmente por el poder ejecutivo, el Gobierno de Venezuela" explicó la fiscal.
La convocatoria se efectuó por la Fiscalía boliviana, que está a cargo de la presidencia de la Aiamp, y que decidió que la reunión se realice en Argentina.
"Esta reunión también para nosotros es importante porque esto unifica los ministerios públicos y estos bloques regionales de cooperación", recalcó la fiscal, quien adelantó que en Venezuela y Argentina se está enfrentando "un peligroso fenómeno de judicialización de la política" y se pretende "resolver los problemas políticos a través del derecho penal".
Ortega añadió que su caso comenzó cuando denunció ante su país y el mundo "la ruptura del orden constitucional producto de unas sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo de Justicia", y que desde entonces el Ministerio Público está "en permanente amenaza y asedio, señalamientos irrespetuosos y subidos de tono".
La fiscal aseguró que en Argentina existe un proceso "similar" al suyo respecto a la procuradora general Alejandra Gils Carbó, un proceso que calificó de "anticonstitucional".
"Quiero expresar mi solidaridad con la procuradora general de Argentina, la doctora Gils Carbó, a quien tengo mucho respeto y sé que su lucha es justa porque está defendiendo la constitución y las leyes de Argentina. Y yo le hago un llamado a mantenernos firmes", declaró Ortega.
Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, Gils Carbó será investigada en un caso por presuntas irregularidades en la compra de un edificio por parte de la institución en 2013, y la misma procuradora declaró el pasado lunes ser víctima de un "asedio" por parte del Gobierno de Mauricio Macri.
En esta línea, Gils Carbó, acusada por el Ejecutivo macrista de ser afín al kirchnerismo y de entorpecer los avances de las investigaciones que afectan al anterior Gobierno, subrayó que pretenden destituirla mediante un decreto, algo que para ella sería "inconstitucional".
Entre las denuncias de Ortega durante su entrevista con el medio argentino, también subrayó que Venezuela actualmente atraviesa una severa crisis de alimentos, medicinas y seguridad, y que requieren de un canal humanitario ya que son problemas que "no están abordados ni se están planteando"
Con información de EFE.
