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El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima, decidió suspender cautelarmente por cuatro meses al cuestionado Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, que podría generar su destitución.
La decisión fue tomada por tres de los cinco miembros del Consejo de Ética por presuntas faltas en el ejercicio del cargo de fiscal general, según la resolución de ese órgano publicado en medios locales.
El presidente del Consejo de Ética, Walter Ayala, consideró que, sin su pertenencia a esta institución, Chávarry incumpliría los requisitos para seguir al frente de la Fiscalía, pero recalcó que ese extremo queda en manos de la junta de fiscales supremos.
Esa junta, compuesta por los cinco fiscales de mayor rango, entre ellos Chávarry, ya instó esta semana al fiscal general a dimitir tras la polémica destitución de los dos principales fiscales a cargo del caso Odebrecht y su posterior reposición dos días más tarde.
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Sin embargo, la presidenta del Colegio de Abogados, María Elena Portocarrero, advirtió que la decisión del Consejo de Ética debe ser revisada en segunda instancia por el Tribunal de Honor de la misma institución, del que ella es integrante.
Asimismo, indicó que desde la presidencia de la entidad, instaron a Ayala a abstenerse de votar para esta decisión, pero él alega que su voto fue expresado antes de esa petición.
Chávarry está cuestionado por sus vínculos con una amplia red de corrupción judicial descubierta en el seno de la judicatura que traficaba influencias, favores y prevaricación, supuestamente liderada por el juez César Hinostroza, actualmente en prisión provisional en España tras haberse fugado de Perú.
Este caso lo llevó a un enfrentamiento con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, que en reiteradas ocasiones le ha pedido dimitir por no considerarlo idóneo para el puesto.
Chávarry hizo caso omiso a los pedidos del presidente, apoyado gracias al fujimorismo y al Partido Aprista, que en el Congreso mantienen paralizadas una serie de denuncias constitucionales para destituirlo de su cargo.
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Sin embargo, se quedó sin esos apoyos después de la contundente reacción del Gobierno y de la opinión pública tras destituir el 31 de diciembre por la noche a los dos principales investigadores del caso Odebrecht, en el que están imputados cuatro expresidentes y la líder opositora Keiko Fujimori.
Lo hizo a escasas dos semanas de que esos fiscales firmaran un acuerdo de colaboración eficaz (delación premiada) con la constructora brasileña que previsiblemente ofrecerá un importante avance a las investigaciones.
El fiscal general dio marcha atrás y repuso a los fiscales después de que quienes iban a reemplazarlos renunciaran a hacerlo y ante un proyecto de ley presentado por el Gobierno en el Congreso para declarar en emergencia la Fiscalía.
Hasta ahora, Odebrecht ha reconocido haber pagado millonarios sobornos en Perú entre 2005 y 2014, acompañados de donaciones de dinero a los principales líderes políticos para financiar sus campañas electorales a la Presidencia del país.
