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Familiares de víctimas en las protestas en Perú exigieron este jueves "justicia" al gobierno de la presidenta, Dina Boluarte, a quien responsabilizan de los 46 muertos en 50 días de protestas a las que se suman ahora la escasez de combustible.
"Solo pido por favor justicia. Les pido que nos ayuden porque a mí nadie me va a devolver a mi hermano", dijo llorando María Samillán, hermana del médico Marco Antonio Samillán, fallecido en las protestas en la ciudad minera de Juliaca, en Puno.
En esa región muy pobre del sur andino, el 9 de enero un enfrentamiento con fuerzas del orden durante el intento de toma del aeropuerto terminó con 18 personas muertas, entre ellas un policía quemado vivo.
"Cada día siento también que yo me muero. No se puede vivir ya", declaró Samillán, por zoom desde Juliaca, en conferencia de prensa con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).
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El médico de 31 años falleció por un impacto de bala mientras intentaba salvar la vida de los heridos en la protesta contra el Gobierno en las calles de Juliaca, junto a varias enfermeras.
Las ciudades de Juliaca y Puno, a más de 1.350 km al sur de Lima, son el escenario de las protestas más violentas.
Mientras tanto, en Lima, decenas de buses y centenares de manifestantes se tomaron una de las principales vías de acceso al centro de la capital para realizar una nueva protesta, que parecía más numerosa que los dos últimos días.
Avanzaban al grito de "Dina asesina" y pancartas pidiendo su renuncia.
Con protestas que no cesan, los bloqueos de carreteras han provocado escasez de combustible y alimentos, además de un fuerte aumento de precios en productos básicos, que afecta a las poblaciones más vulnerables del país.
El jefe de gabinete, Alberto Otárola, anunció la implementación de un puente aéreo a la región amazónica de Madre de Dios, 1.400 km sureste de Lima, que permitirá llevar cinco toneladas de alimentos para paliar el desabastecimiento que viene causando el bloqueo de la vía Interoceánica, carretera que conecta la costa sur de Perú con ciudades brasileñas.
Represión sin precedentes
Tras presentar un informe titulado "50 días de Represión en el Perú, Vulneraciones a los Derechos Humanos", la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Perú pidió el cese de la violencia policial en las protestas que se desarrollan a diario en diferentes regiones, sobre todo el sur andino, el más pobre y que apoyó al gobierno del destituido presidente izquierdista Pedro Castillo.
"Estamos en niveles de represión que no tienen precedentes en la democracia peruana. En estos momentos se habla de 57 personas que han muerto desde que asumió Dina Boluarte y de ellas son 46 ejecuciones extrajudiciales por la policía y el ejército", dijo a la AFP la abogada Mar Pérez, que deploró la utilización de "armas de guerra".
Boluarte dijo en una conferencia de prensa ante medios extranjeros el martes que su gobierno reconocía el derecho a la protesta y reiteró su "perdón" por los fallecidos en estas crisis desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre, tras la destitución del expresidente Castillo.
"Yo también he salido a marchar por justas luchas laborales y estudiantiles, pero las protestas no pueden venir acompañadas de violencia, destrozos y muerte", apuntó.
"¿Qué hacemos frente a las amenazas? ¿Dejamos que nos quemen vivos como quemaron al policía en Puno y que incendien nuestras casas? Tenemos que proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú", remarcó el martes.
Siguen bloqueos
El jueves las autoridades de Transporte contabilizaron 88 piquetes que obstaculizaban el paso en carreteras de ocho de las 25 regiones peruanas que piden la dimisión de Boluarte.
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Los bloqueos generan escasez de productos básicos y gas licuado de petróleo, principal combustible para vehículos y uso doméstico en Perú, en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, regiones del sur que alegan ser las más pobres, olvidadas y discriminadas por sus poblaciones de mayoría indígena.
La carretera central que conecta con los andes y principal vía para el ingreso de alimentos a Lima fue cerrada. Cientos camiones se quedaron varados.
Perú atraviesa una profunda crisis institucional, con una sucesión de seis presidentes en cinco años, la mayoría destituidos, el último de ellos el maestro rural Pedro Castillo, expulsado por el Congreso luego de varios intentos el día que anunció que disolvería el Legislativo, gobernaría por decreto e intervendría la Justicia.
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