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Siete exgobernantes de países de América Latina y España alertaron este jueves que la demora en la promulgación del escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú, pese a las evidencias de que fueron ganadas por el izquierdista Pedro Castillo, genera riesgos a la democracia.
"Cualquier retraso injustificado en la oficialización de la decisión adoptada por el pueblo peruano, y que resultó en la elección de Pedro Castillo, genera incertidumbres y espacios de confusión indeseables para el curso de la economía y la estabilidad de la democracia", alertaron los expresidentes en una declaración divulgada este jueves.
La carta es suscrita por los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Fernando Lugo (Paraguay), así como por el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, que se identifican como integrantes del Grupo de Puebla, que agrupa a partidos y movimientos de izquierda.
Los exmandatarios, que se dicen "preocupados con la situación política de Perú y animados por la necesidad de defender la institucionalidad democrática", alegan que el atraso en la promulgación del escrutinio también "puede retrasar ilegítimamente el mandato del presidente electo Castillo afectando la concreción de los proyectos sociales anunciados durante su campaña".
De acuerdo con los suscriptores de la declaración, los riegos generados por el atraso son de conocimiento tanto del presidente de Perú y de las Fuerzas Armadas como de los demás actores institucionales.
Según los expresidentes, "existen evidencias contundentes" de que Castillo obtuvo la mayoría en las elecciones presidenciales del 6 de junio, que, en su opinión, se desarrollaron con las respectivas garantías y normas de transparencia y competencia electoral.
Los suscriptores instaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú a declarar de manera formal y sin más demoras la victoria de Castillo debido a que la totalidad de los votos ya fue escrutada.
Agregan que el legítimo derecho que tienen los rivales de Castillo para solicitar aclaraciones y revisiones de los documentos y procesos electorales "no puede convertirse en una estrategia dilatoria para impedir la validación de resultados que según los conteos y las misiones de observación electoral internacional, son incuestionables".
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 % de los votos escrutados, Castillo obtuvo 44.058 votos más que su rival en la segunda vuelta de las presidenciales, la derechista Keiko Fujimori, quien denunció un "fraude sistemático" basado en presuntas irregularidades en las mesas de votación, lo que hasta el momento impide que se proclame al ganador de los comicios.
La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) presentó más de 800 recursos para anular unos 200.000 votos, todos los cuales han sido rechazados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) de cada jurisdicción.
La versión del fraude ha sido descartada por las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), así como por la Asociación Civil Transparencia y la Defensoría del Pueblo.
