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La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara para iniciar una nueva etapa de su política de deportaciones masivas, apoyada en una profunda reorganización del sistema de tribunales migratorios y en la reducción del enorme retraso judicial acumulado en materia de inmigración.
Según datos oficiales compartidos con medios estadounidenses, los denominados “jueces de deportación” revisan actualmente más de 3,6 millones de casos atrasados, un volumen que la Casa Blanca considera clave para acelerar las expulsiones de migrantes sin estatus legal.
Reforma judicial para acelerar expulsiones
El plan se centra en la transformación de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), organismo dependiente del Departamento de Justicia encargado de supervisar los tribunales de inmigración.
Durante 2025, el gobierno impulsó una reestructuración sin precedentes del sistema judicial migratorio: 55 jueces fueron despedidos y otros 80 se retiraron, en medio de críticas del oficialismo sobre el manejo previo del aumento migratorio en la frontera sur.
Para encabezar la nueva etapa, Trump designó al coronel retirado del Cuerpo de Marines Daren Margolin, quien asumirá formalmente la dirección del sistema en octubre.
Margolin había abandonado su cargo como juez migratorio en 2024 tras cuestionar la política fronteriza del expresidente Joe Biden, asegurando entonces que se sentía “como un cómplice de traición”.
Ahora, de regreso en el cargo, impulsa una estrategia destinada a reducir apelaciones y acelerar las órdenes finales de expulsión, lo que permitiría al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas aumentar significativamente las deportaciones.
Menos cruces fronterizos y caída del atraso judicial
El retraso acumulado en los tribunales migratorios se redujo en 341.006 casos entre la investidura de Trump y el 30 de enero de 2026, una disminución atribuida tanto a cambios administrativos como a la caída en los cruces fronterizos durante el primer año del nuevo gobierno.
La mayoría de los procesos migratorios concluyen con órdenes definitivas de expulsión, por lo que agilizar los fallos judiciales se ha convertido en una pieza central de la estrategia migratoria presidencial.
Reclutamiento masivo de nuevos jueces
Margolin lanzó además una campaña pública para reclutar magistrados migratorios, promovida ampliamente en redes sociales. La convocatoria recibió alrededor de 1.700 solicitudes.
Como parte del refuerzo institucional, el nuevo director ha incorporado unos 50 abogados militares temporales —conocidos como JAG— y prevé ampliar aún más el equipo judicial.
Los candidatos son entrevistados personalmente y reciben entre seis y ocho semanas de formación antes de asumir funciones.
El funcionario considera que el sistema enfrenta una carga estructural imposible de resolver únicamente con más personal.
“Nunca tendremos suficientes jueces para manejar los más de 3,6 millones de casos actuales”, afirmó al medio Axios, agregando que estima que entre 25 y 30 millones de personas viven ilegalmente en Estados Unidos, una cifra superior a las estimaciones oficiales.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional y del Pew Research Center sitúan el número real aproximadamente en la mitad de ese cálculo.
La designación de Margolin también ha generado cuestionamientos por antecedentes durante su carrera militar.
Antes de dirigir la EOIR, se desempeñó como abogado militar y oficial de seguridad en la base de Quantico, de donde fue destituido en 2013 tras un incidente en el que disparó su arma dentro de una oficina, según reportes citados por medios estadounidenses.
