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La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes 24 de agosto de 2026, que el Gobierno de Donald Trump avance con algunas medidas de un decreto que busca modificar las reglas sobre el voto por correo. Esta decisión no es de forma definitiva, pero mantiene la posibilidad de que entren en aplicación antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El fallo se dio a partir de una demanda que se presentó por 23 estados gobernados por demócratas, que cuestionaron las funciones asignadas al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La Corte Suprema centró su análisis en el momento en que los estados presentaron la demanda y no en la legalidad de fondo de las medidas que están en el decreto.
La orden, de 10 páginas y sin firma, recibió la oposición de las tres magistradas liberales de la Corte. La mayoría determinó que, cuando los estados presentaron el caso, todavía no demostraban un perjuicio de las instrucciones impartidas por el Gobierno a las agencias federales.
¿Qué cambios contempla el decreto de Donald Trump?
Trump firmó en marzo un decreto que asignó nuevas funciones al Servicio Postal y al Departamento de Seguridad Nacional sobre los procesos electorales. Entre las medidas está la creación de listas estatales por parte del DHS con personas consideradas aptas para votar y ciudadanos estadounidenses.
El decreto también ordenó al USPS establecer nuevas condiciones para la entrega de papeletas enviadas por correo. Los estados tendrían que entregar a la agencia sus listas de votantes elegibles y los sobres de las papeletas tendrían que incluir códigos de barras para facilitar su seguimiento.
Se busca además que el Servicio Postal no entregue papeletas a personas que no aparezcan en los registros de elegibilidad proporcionados por los estados. También establece una prioridad para el procesamiento federal de funcionarios electorales estatales sobre el envío o recepción de papeletas de personas que no sean ciudadanas o que no cumplan los requisitos para votar.
El Departamento de Justicia presentó el decreto como una medida para proteger la “integridad electoral”. Los estados que presentaron la demanda afirman que la Casa Blanca busca asumir funciones que corresponden a las autoridades estatales y al Congreso.
Según la Constitución de Estados Unidos, los estados y el Congreso determinan los procedimientos electorales. Los demandantes cuestionan, por esa razón, que la Casa Blanca y las agencias federales reciban nuevas funciones en la administración de las elecciones.
La Corte Suprema no resolvió si las medidas son legales
La decisión del máximo tribunal no confirmó la validez definitiva del decreto. Los jueces afirmaron que las acciones que adopte el Gobierno para ponerlo en práctica todavía pueden recibir impugnaciones ante los tribunales.
La Corte también indicó que los estados podrán presentar nuevas demandas si las regulaciones definitivas del Servicio Postal les generan perjuicios.
El Servicio Postal publicó una regulación de 95 páginas con detalles sobre la aplicación de las instrucciones presidenciales. El documento establece, entre otros puntos, requisitos con códigos de seguimiento en los sobres y el registro de los votantes en un nuevo portal del USPS con información de elegibilidad proporcionada por cada estado.
Antes de esa publicación, el Gobierno argumentaba que la demanda resultaba anticipada porque las agencias todavía no definían cómo ejecutarían las instrucciones. La nueva regulación aportó detalles sobre cómo aplicaría el Servicio Postal las disposiciones incluidas en el decreto.
Un tribunal federal de Boston bloqueó la implementación del decreto en los 23 estados demócratas que participaron en la demanda. Después, un tribunal de apelaciones de Washington permitió que las medidas continuaran. Trump presentó el 27 de julio una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema.
En un proceso separado, grupos no partidistas de defensa de los votantes también cuestionaron las disposiciones. La jueza federal Indira Talwani emitió una orden preliminar que bloqueó en todo el país las instrucciones dirigidas al Servicio Postal.
El Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema que su decisión sobre la demanda de los estados también determinara el resultado del proceso presentado por los grupos de defensa de los votantes. Sin embargo, la orden del lunes no estableció esa medida.
¿Qué puede ocurrir antes de las elecciones de noviembre?
La aplicación de las nuevas reglas todavía enfrenta procesos judiciales. El tribunal que estudia la demanda contra las disposiciones del USPS podría emitir una nueva decisión y, según su contenido, generar otra solicitud de emergencia ante la Corte Suprema.
El calendario electoral también influye en el proceso. En algunos estados faltan pocas semanas para que comiencen los plazos sobre el envío de papeletas por correo. Cualquier modificación de las reglas durante ese tiempo podría llevar a las autoridades electorales a cambiar procedimientos.
Las magistradas liberales cuestionaron la decisión de la mayoría. Sonia Sotomayor, con el respaldo de Elena Kagan, sostuvo que los estados ya contaban con elementos para demostrar posibles perjuicios derivados de las instrucciones dirigidas a las agencias federales.
Sotomayor también señaló que el fallo no determina que el Poder Ejecutivo tenga autoridad constitucional o legal para aplicar las directrices de Trump. Su posición coincide con el alcance limitado que la propia Corte Suprema atribuyó a su decisión.
Ketanji Brown Jackson presentó un voto disidente separado. La magistrada sostuvo que la decisión introduce incertidumbre frente a las elecciones de mitad de periodo de 2026 y cuestionó el criterio utilizado por la mayoría para evaluar el momento en que los estados acudieron a los tribunales.
Jackson señaló una contradicción en los criterios utilizados para revisar las demandas electorales. Según su argumento, en algunos casos los tribunales rechazan demandas por presentarse demasiado tarde, mientras que en este proceso la mayoría consideró que los estados acudieron demasiado pronto.
La Corte Suprema dijo que su resolución solo aborda la oportunidad de la impugnación y no determina la legalidad de las acciones que el Gobierno adopte posteriormente.
Trump sostiene desde hace años afirmaciones sobre supuestos problemas relacionados con el voto por correo y las elecciones de 2020. Sin embargo, el voto indebido continúa como un fenómeno poco frecuente y el Gobierno no presentó pruebas de fraude generalizado con capacidad para modificar el resultado de las elecciones presidenciales de ese año.
¿Qué quiere hacer Trump?
Trump firmó en marzo un decreto para cambiar algunas reglas relacionadas con el voto por correo.
Entre otras cosas, busca que:
- El Servicio Postal tenga nuevas condiciones para recibir y entregar papeletas enviadas por correo.
- Los estados entreguen listas de personas habilitadas para votar.
- Los sobres de las papeletas tengan códigos para hacer seguimiento.
- El Departamento de Seguridad Nacional prepare listas de ciudadanos y de personas consideradas aptas para votar.
El Gobierno sostiene que estas medidas buscan evitar que personas que no pueden votar participen en las elecciones.
¿Por qué los estados demócratas se oponen?
Los estados que demandaron consideran que Trump está intentando darle al Gobierno federal un papel que no le corresponde en la organización de las elecciones.
En Estados Unidos, los estados tienen un papel central en la administración de las elecciones. Por eso, los demandantes dicen, en esencia:
"El presidente no puede simplemente ordenar a agencias federales que cambien la manera en que nosotros organizamos nuestras elecciones".
¿Entonces la Corte Suprema le dio la razón a Trump?
No exactamente. Este es el punto más importante.
La Corte Suprema no dijo que Trump tenga razón sobre el fondo del asunto.
Lo que dijo fue, básicamente:
"Cuando los estados presentaron esta demanda, todavía era demasiado pronto para determinar que las medidas les estaban causando un perjuicio concreto".
¿Por qué? Porque cuando comenzó el proceso, el Servicio Postal y el Departamento de Seguridad Nacional todavía no habían terminado de establecer cómo aplicarían las instrucciones de Trump.
Por eso, la Corte permitió que algunas partes del proceso siguieran avanzando.
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