Estados Unidos aún no ve "condiciones básicas" para elecciones libres en Venezuela

Elliot Abrams aplaudió el informe de la ONU sobre crímenes en Venezuela y esperó un impacto en aliados de Maduro.
Elliot Abrams, delegado de EE.UU. para Venezuela
Elliot Abrams, delegado especial de EE.UU. para Venezuela Crédito: AFP

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, aseguró este miércoles que no existen "condiciones básicas" para una elecciones "libres" en Venezuela en diciembre y subrayó que el Gobierno de Donald Trump no envió un presunto espía detenido en ese país.

"No existe ninguna de las condiciones básicas para unas elecciones libres en Venezuela", aseguró Abrams en una conferencia de prensa telefónica sobre los comicios convocados para el próximo 6 de diciembre para renovar el Parlamento de ese país.

Abrams advirtió que "no existe" libertad de prensa, ni máquinas de votación "confiables", al tiempo que consideró continúa la "represión e intimidación" por parte de la Policía y los grupos afines al Gobierno de Nicolás Maduro.

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También observó que las reglas de juego "fueron cambiadas recientemente", al aludir a la creación de "más de 100 nuevos escaños" para la Asamblea Nacional, mientras que la autoridad electoral "está complemente bajo control" del Gobierno.

En ese sentido, consideró que esa situación no se remediará "simplemente con un aplazamiento" e indicó que quienes han elegido participar en ese proceso tienen la obligación "de exigir las condiciones necesarias internacionalmente aceptadas para unas elecciones libre y justas" y de "hablar abiertamente sobre la represión y la corrupción del régimen de Maduro".

También advirtió que Estados Unidos no dudará en imponer sanciones a quienes trabajen con el Gobierno de Maduro "para socavar la democracia".

Espía no fue enviado por EE.UU.

Consultado sobre el estadounidense Matthew John Heat, detenido el pasado jueves por las autoridades venezolanas acusado de preparar presuntas acciones de sabotaje contra varias instalaciones petroleras y militares de ese país, el diplomático apuntó que se preocupan cuando reciben información sobre un ciudadano detenido en otro país.

Según Abrams, en el caso de Venezuela "es particularmente difícil", ya que su embajada en Caracas no tiene una sección consular.

"Por todo lo que he visto, puedo decir que el Gobierno de Estados Unidos no envió al señor Heat a Venezuela", puntualizó el funcionario, quien declinó hacer mayores comentarios.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el lunes que Heat fue detenido el pasado jueves en el estado de Falcón mientras "se encontraba realizando acciones de espionaje y de desestabilización con apoyo de militares y civiles apátridas" venezolanos.

Las labores de espionaje de Heat consistían en recabar "información estratégica de la Refinería de Amuay -una de las más importantes del país- para la ejecución de posibles acciones de sabotaje", prosiguió Saab, que además lo acusó de preparar acciones contra puestos militares de los estados de Zulia -fronterizo con Colombia, y una de las regiones más castigadas por la crisis que atraviesa Venezuela- y Falcón.

Reporte de la ONU

Abrams se refirió asimismo al informe presentado por una Misión Internacional que recibió el encargo de la ONU de investigar la situación en Venezuela y que apuntó de manera explícita la responsabilidad de algunos de los más altos cargos políticos de Venezuela en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

"Este es un informe extraordinario que viene de las Naciones Unidas", destacó el diplomático, quien esperó tenga un "impacto" entre los Gobiernos que estén pensando en su política hacia la Administración de Maduro.

Le puede interesar: Misión de la ONU vincula a Maduro y su régimen con "crímenes de lesa humanidad"

A juicio del representante estadounidense, no están "acostumbrados" a ver un "informe tan duro" por parte de la ONU.

En el informe, de más de 400 páginas y que será presentado al Consejo de Derechos Humanos el próximo 23 de septiembre, Maduro, sus ministros del Interior y Defensa, y los altos mandos militares, policiales y de inteligencia son considerados entre los responsables de violaciones de los derechos humanos tan graves que, en ciertos casos, constituyen crímenes contra la humanidad.


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