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Decenas de miles de personas salieron a las calles este sábado en toda Francia para protestar contra un controvertido proyecto de ley sobre seguridad, considerado como una mordaza por sus detractores, en una jornada empañada por choques entre manifestantes y policías en París.
Según cifras del ministerio del Interior, un total de 130.000 personas se volcaron a las calles en todo el país, pero de acuerdo con un conteo realizado por los organizadores de la denominada "Marcha de las Libertades", fueron unos 500.000.
La mayoría de las manifestaciones contra este texto - que restringiría el derecho de filmar a la policía - se desarrollaron en la calma, pero en París, estallaron violentos enfrentamientos al caer la noche.
Grupos de manifestantes, vestidos de negro, prendieron fuego a la entrada del Banco de Francia y a un restaurante adyacente, volcaron e incendiaron varios vehículos, y lanzaron piedras y palos a la policía, que respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua, constataron periodistas de la AFP.
El ministro del Interior, Gérald Darmanin, condenó "violencias inaceptables contra las fuerzas del orden". El ministro señaló en Twitter que 37 policías resultaron heridos en los enfrentamientos, que se saldaron con al menos 46 detenciones.
"Es el pueblo de la libertad que marchó por toda Francia para decirle al gobierno que no quiere su ley de Seguridad global, que se niega a la vigilancia generalizada y a los aviones teledirigidos, que quiere poder filmar y retransmitir las intervenciones de las fuerzas de policía", dijeron los coordinadores de las protestas en un comunicado.
Estos condenaron "firmemente" los actos de violencia cometidos por un "puñado de personas que intentan imponer por la fuerza su estrategia de contestación a cientos de miles de manifestantes pacíficos".
En el centro de las protestas figuran tres artículos del proyecto de ley Seguridad global que recibió la luz verde de la Asamblea Nacional la semana pasada, y que enmarca la difusión de la imagen de la policía, el uso de drones así como imágenes de las fuerzas del orden tomadas por ciudadanos con sus teléfonos móviles.
El artículo 24 del texto centra la mayoría de las críticas, pues castiga con un año de cárcel y hasta 45.000 euros (54.000 dólares) de multa la difusión "malintencionada" de imágenes de las fuerzas del orden.
El gobierno asegura que esta disposición pretende proteger a la policía de llamados al odio y a muerte en las redes sociales, con revelaciones de detalles sobre su vida privada.
Pero los detractores sostienen que muchos casos de violencia policial quedarían impunes si no hubieran sido grabados por las cámaras de periodistas o por los teléfonos de los ciudadanos.
También alegan que es una disposición inútil, ya que el arsenal jurídico actual es suficiente para reprimir estos delitos y que el derecho francés "sanciona los actos, no las intenciones".
Dos casos de violencia policial esta semana han atizado el debate y sumieron al ejecutivo de Emmanuel Macron en una crisis política.
El lunes, durante una operación mediática de organizaciones promigrantes, la policía evacuó brutalmente a los que se habían instalado en una plaza del centro de París, y zarandearon a los periodistas bajo el foco de las cámaras y de los smartphones.
Brutal paliza captada por cámaras
El jueves, cámaras de seguridad mostraron la brutal paliza que tres policías propinaron a un productor de música negro.
La prensa, las redes sociales y algunos deportistas de renombre internacional denunciaron este nuevo episodio de violencia policial.
"Imágenes que nos dan vergüenza", denunció el viernes Macron, que encargó al gobierno le presentara "rápidamente propuestas" para "luchar con más eficacia contra todas las discriminaciones".
El mismo día que se publicaron las imágenes encargó al titular de Interior que impusiera sanciones muy claras para los policías acusados.
Ante la indignación provocada por el artículo 24, el primer ministro, Jean Castex, trató de buscar una salida con la creación de una "comisión independiente encargada de proponer una nueva redacción", pero la iniciativa enfadó a los parlamentarios de todo el espectro que han visto en ella una forma de "menosprecio".
La coordinación de las protestas reclama "la retirada de los artículos 21, 22 y 24" del proyecto de ley y la "del nuevo esquema nacional de mantenimiento del orden" publicado en septiembre.
Durante las manifestaciones, este esquema obliga a los periodistas a dispersarse cuando las fuerzas de seguridad lo exijan, impidiéndoles cubrir el desarrollo de los acontecimientos, a menudo turbulentos en los últimos tiempos.
La prensa francesa y extranjera denunciaron una "deriva de seguridad", y la "vulneración de los derechos".
Entre las voces críticas figuran la defensora de los derechos humanos y los relatores de derechos humanos de la ONU. El debate ha llegado al Parlamento Europeo.
Además de las tradicionales estructuras de izquierda, sindicales o de la sociedad civil, muchas personalidades se sumaron a las protestas.
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