En primer día de nueva ley, más de 100 personas cambian de sexo en Chile

La nueva Ley de Identidad de Género permite modificar el nombre y sexo de registro a partir de los 14 años.
Comunidad LGBT durante protestas en Chile
Comunidad LGBT durante protestas en Chile Crédito: AFP

Al menos 136 personas decidieron este viernes que cambiarán su sexo legalmente en Chile, al entrar en vigencia una nueva Ley de Identidad de Género que permite esa modificación a partir de los 14 años.

"Solamente hoy tenemos a 136 personas que van a cumplir su trámite a lo largo de todo Chile", dijo a medios locales Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos, al entrar en vigencia la normativa promulgada en noviembre del año pasado.

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En una medida largamente esperada y que viene a saldar una deuda con los movimientos LGBTI, la normativa permite el cambio de sexo de registro a mayores de 18 años, solo con la presencia de dos testigos. El trámite dura cerca de 40 días.

Los jóvenes de entre 14 y 18 años deberán tener el permiso de sus padres o tutores y realizar la petición ante un juez de familia, quien definirá si procede o no. Adicionalmente tendrá que presentar antecedentes sobre su contexto psicosocial y familiar.

"Aquí había una realidad invisibilizada; personas que tenían una identidad de género distinta a la de su sexo biológico y que no podían ejercer sus derechos", agregó Larraín.

Para los próximos días, otras 921 personas ya están inscritas para cambiar su sexo registral.

Paula Dinamarca y Alejandro Berríos fueron las primeras personas que en audiencia solicitaron el cambio de nombre y sexo social, según anunció el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que lamentó, sin embargo, que la normativa haya excluido a niños y niñas transexuales.

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"Siento que nazco nuevamente, con la identidad que siempre tuve, pero que siempre fue negada. Me siento feliz y fortalecida de dar este paso", señaló Paula tras su audiencia.

La Ley de Identidad de Género fue promulgada en 2018 tras cinco años de debate en el Congreso y luego de ser propuesta durante el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014) como una forma de saldar una deuda con la comunidad tras.


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