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La presidencia francesa se encontraba este lunes en el punto de mira del escándalo desatado por la agresión a manifestantes perpetrada por uno de los responsables de seguridad de Emmanuel Macron.
La agresión, ocurrida el 1 de mayo durante una protesta en París, salió a luz la semana pasada después de que el diario Le Monde difundiera un video en el que se ve a Alexandre Benalla, hombre de confianza del presidente, con brazalete y casco de policía, golpeando a dos manifestantes.
Interrogado el lunes por una comisión de investigación parlamentaria encargada de esclarecer este caso, el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, y el jefe de la policía de París, Michel Delpuech, afirmaron haber sido informados sobre la existencia del video que circulaba en las redes sociales el 2 de mayo.
Ambas añadieron no obstante que no les correspondía a ellos informar a la justicia sobre los hechos.
"Me aseguré de que el director de gabinete de la presidencia, jefe de Benalla, fuera informado sobre la situación. Pensé, como es la regla, que se habían tomado las medidas apropiadas. Les correspondía a ellos decidir sanciones y eventualmente informar a las autoridades judiciales", declaró Collomb bajo juramento.
Delpuech endosó también la responsabilidad del palacio del Elíseo en la mala gestión del caso, afirmando que para él "el tema Benalla estaba siendo tratado por la autoridad jerárquica de la que este último dependía", es decir, la presidencia.
'El Elíseo debe explicarse'
Tras los hechos, el Elíseo suspendió a Benalla durante 15 días sin sueldo, una sanción demasiado leve para la oposición, pero no informó a la justicia sobre este acto de violencia ilegítimo.
Un portavoz de la presidencia afirmó el jueves que Benalla fue también "despojado de sus funciones en materia de organización de seguridad de los desplazamientos del presidente". No obstante, este último aparece en varias imágenes recientes acompañando a Macron o a la pareja presidencial.
Fue visto también la semana pasada dentro del autobús de "Les Bleus" recorriendo los Campos Elíseos antes de que la selección francesa fuera recibida por Macron, un hecho que ha provocado la indignación de los franceses.
Bajo la presión pública fue finalmente despedido el viernes, antes de ser imputado el domingo por "violencia en reunión" y "usurpación de funciones".
"El Elíseo debe dar una explicación", dijo este lunes la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, que estimó que la presidencia podría haber querido encubrir los hechos, mientras que el líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, consideró que este caso está "al nivel del Watergate".
'Una iniciativa personal'
A pesar de la creciente presión, Macron ha mantenido un absoluto mutismo sobre este caso.
El lunes, un portavoz del gobierno se limitó a decir que el presidente, que considera que los hechos reprochados a Benalla son "inaceptables", está "determinado a que se establezca la verdad".
"Cuando se establezcan todos los hechos el presidente hablará", prometió un miembro de su círculo cercano.
Mientras tanto, el jefe de Estado canceló una visita prevista para el miércoles a la ruta del Tour de Francia, aunque el Elíseo negó cualquier relación entre esta decisión y el caso apodado "Benallagate".
Benalla, al contrario, salió de su silencio el lunes, denunciando un "uso mediático y político" de sus actos.
"Esta iniciativa personal", como calificó a su intervención para disipar la manifestación, "sirve ahora para intentar socavar a la presidencia", dijo en un comunicado divulgado por sus abogados.
Benalla fue responsable de la seguridad de Macron durante la campaña presidencial de 2017. Tras la victoria del centrista desempeñaba misiones de seguridad para el Elíseo, acompañando al mandatario o a su esposa en sus actividades, oficiales o privadas.
Además de ser, con apenas 26 años, adjunto al jefe de gabinete de la presidencia, Benalla contaba con varios privilegios, entre los cuales un despacho en el Elíseo, un apartamento en pleno corazón de París y credenciales para acceder a la Asamblea Nacional.
