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El Gobierno británico prepara un texto de legislación que podría anular partes del acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE) alcanzado en 2019, algo que amenaza con perjudicar las negociaciones comerciales entre Londres y Bruselas.
Esta información, adelantada por el diario "Financial Times", ha coincidido con el ultimátum dado por el primer ministro británico, Boris Johnson, para que Londres y Bruselas lleguen a un acuerdo sobre su futura relación comercial para este 15 de octubre; de lo contrario su país concretará la desconexión del bloque europeo sin pacto cuando termine el periodo de transición el 31 de diciembre.
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Las amenazas del Ejecutivo conservador salen a la luz antes de que empiece este martes otra ronda de conversaciones entre el negociador británico, David Frost, y el del club comunitario, Michel Barnier.
Las negociaciones no han conseguido hasta ahora avances debido a las dificultades para superar los asuntos más espinosos, como el acceso de la flota pesquera comunitaria a las aguas británicas.
Este miércoles, el Gobierno espera introducir en el Parlamento la controvertida legislación --denominada Proyecto de Ley del Mercado Interno-- que puede llegar a anular aspectos clave del acuerdo de retirada sellado con la UE, que despejó el camino para la salida oficial del Reino Unido de la UE el pasado 31 de enero.
Aunque ese proyecto aún tiene que ser aprobado por el Parlamento, contempla la posibilidad de eliminar la obligación legal sobre los subsidios estatales y las aduanas con Irlanda del Norte.
En concreto, la ley podría eliminar la obligación del Reino Unido de controlar las mercancías que pasan de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, como parte del acuerdo alcanzado con la UE para evitar una infraestructura fronteriza entre esa provincia y la República de Irlanda, a fin de no perjudicar el proceso de paz norirlandés.
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El citado proyecto de ley está pensado para asegurar un funcionamiento sin contratiempos del comercio entre Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte una vez que el Reino Unido salga del mercado único y la unión aduanera a final de año, cuando termina el actual periodo de transición, también llamado de implementación.
La posibilidad de dar marcha atrás al acuerdo de salida ha sido recibida con inquietud por parte de algunos sectores políticos, como el pro-europeo Partido Nacionalista Escocés (SNP), cuyo líder en la Cámara de los Comunes, Ian Blackford, alertó hoy que un "Brexit duro", sin acuerdo comercial con la UE, puede ser "devastador para Escocia porque castigará al mercado laboral de la región y toda la economía escocesa en medio de la pandemia de la COVID-19.
"Al amenazar con perjudicar las obligaciones internacionales del Reino Unido e imponer a Escocia un catastrófico Brexit sin acuerdo en contra de nuestra voluntad, el primer ministro está demostrando que no se puede confiar en él y está poniendo de manifiesto la necesidad de que Escocia sea un país independiente", declaró este lunes Blackford a los medios británicos.
Además, la portavoz de Irlanda del Norte del opositor Partido Laborista, Louise Haigh, acusó este lunes al Gobierno de "jugar otra vez a un juego peligroso en Irlanda del Norte y sacrificar nuestra posición internacional" por la "incompetencia" del primer ministro.
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En un comunicado divulgado este lunes por el Gobierno, Johnson dijo que "tiene que haber un acuerdo con nuestros amigos europeos antes del Consejo Europeo del 15 de octubre si va a entrar en vigor antes de final de año", por lo que dio a entender que no teme que finalmente no se alcance una acuerdo comercial.
Para el primer ministro, "no tiene sentido pensar en plazos que vayan más allá del 15 de octubre. Si no nos ponemos de acuerdo para entonces, no creo que vaya a haber un acuerdo de libre comercio entre nosotros, y deberíamos aceptarlo y pasar página".
Johnson aludió a los puntos de discrepancia, sin citarlos, como los subsidios estatales o la pesca, y aseguró que el Reino Unido no renunciará "a los fundamentos de lo que significa ser un país independiente" en pos del éxito de las conversaciones.
El Ejecutivo conservador desea tener las manos libres para decidir si respalda con una inversión estatal masiva sectores clave para la economía como el tecnológico -pese a la tradición no intervencionista de los "tories"-, y ve cualquier arreglo con Bruselas como un posible lastre para esos subsidios.
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