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Impedido por la justicia española de ser investido, Puigdemont, destituido de la presidencia por Madrid e instalado en Bélgica desde finales de octubre, apuntó como sucesor a Jordi Sánchez, expresidente de una asociación independentista encarcelado desde hace cuatro meses.
"He informado al presidente del Parlamento de Cataluña que de manera provisional no presente mi candidatura a ser investido presidente y le he pedido que se inicie lo más rápidamente posible la ronda de contactos para proceder a la elección de un nuevo candidato", señaló en un vídeo grabado en Bélgica.
"En las actuales condiciones esta es la manera para que se pueda acordar un nuevo gobierno, un gobierno lo más rápido posible", argumentó.
Esta región de 7,5 millones de habitantes, controlada por el gobierno español desde la fallida declaración de independencia del 27 de octubre, vivía un bloqueo político desde las elecciones de diciembre, en la que los partidos independentistas ganaron la mayoría absoluta.
Puigdemont era su único candidato a la presidencia pero el Tribunal Constitucional bloqueó su investidura si no se entregaba ante el juez que lo investiga por rebelión y sedición y éste le daba permiso para acudir al Parlamento para defender su programa.
Tras semanas de negociaciones entre los diferentes partidos separatistas y ante las reticencias de algunos de sus aliados a forzar una investidura a distancia, Puigdemont anunció su renuncia después de que el Parlamento aprobara este mismo jueves una resolución simbólica reconociendo su "legitimidad" como candidato.
El líder separatista avanzó también la formación de un órgano simbólico presidido por él mismo en Bruselas, el Consejo de la República para que "lidere el camino hacia la independencia efectiva" y trabaje "en perfecta colaboración con el gobierno" en Barcelona.
"No nos rendiremos, no abandonaremos, no renunciaremos", advirtió Puigdemont, comprometiéndose a "mantener la legitimidad de la República catalana (...) y de trabajar mientras goze de libertad para hacerla posible".
Además anunció que la presentación de una demanda en su nombre contra el Estado español ante el Comité de los Derechos Humanos de las Nacionaes Unidas.
"Ha llegado la hora de pasar a la acción para que estos abusos no queden impunes", aseguró.
Con información de AFP.
