La FM en Google News
La empresa CTU Security es hasta ahora el centro de la investigación de las diferentes agencias del mundo sobre el asesinato al presidente Jovenel Moise.
La FM conoció un documento de 43 páginas en el que la firma de abogados contratada por Anthony Intriago, representante legal de CTU, le entrega a las agencias de investigación de Estados Unidos todas las evidencias sobre los acuerdos firmados con instituciones de la isla y organizaciones civiles para un trabajo que incluía la interconexión de data, uso de energías solares, y otros proyectos de infraestructura, además de una transición de poder.
La firma de abogados es enfática en insistir que el médico Emanuel Sanon y otras personalidades de Haití buscaron a la empresa para contratar un trabajo especialmente de acompañamiento para proyectos de infraestructura el distrito de Jacmel, cerca de Puerto Príncipe.
“El señor Intriago fue víctima de un plan elaborado por individuos haitianos para asumir el poder en Haití a través de una agenda y acciones de las que él no sabía nada y no supo nada hasta luego de los eventos del 07 de julio. El doctor Christian Sanon, James Solages y otros individuos haitianos diciendo que eran inversionistas internacionales, lideres religiosos e importantes políticos, visitaron CTU Security y tuvieron algunas reuniones en las que hablaron acerca de ayudar a Haití y poner proyectos que ayudaran a la calidad de vida de los haitianos”, dice una primera carta firmada por los abogados de la firma.
Insisten en que Intriago no contrató a mercenarios, sino a personal que pudiera prestar sus servicios para acompañar esos proyectos de seguridad. “El señor Intriago no entrenó a ningún individuo que la prensa ha llamado mercenarios. Estas personas son soldados colombianos retirados que trabajan como seguridad privada en estos servicios en el mundo. Estos individuos estaban con la seguridad del señor Sanon y el señor Arcangel. El señor Intriago no les dio ningún tipo de armas en Haití y cuando murió el presidente Moise este pensó que su grupo aún estaba esperando que la policía haitiana les diera permisos para portarlas”, agrega.
La firma de abogados vincula otros documentos relevantes. Uno de ellos es un marco de acuerdo para la infraestructura en unas 30 hectáreas de energía solar en Jacmel hecho el 15 de abril de 2021, que buscaba invertir no más de 50 millones de dólares del gasto público para entregarle a este distrito la opción de energía solar con el fin de reducir los gastos en estos consumos.
El documento tiene además un sello oficial que refiere el concejo municipal de Jacmel en Haití y estaba establecido para un periodo de 35 años. El documento está firmado por el presidente de la Comisión del Concejo de Jacmel, referido como el reverendo doctor Kess. Del otro lado, aunque no aparece firma, se encuentra un espacio abierto para la compañía Delaware Limited Liability Company. Luego, la firma adjunta el “memorandum para la refundación de la República de Haití entre personalidades y líderes de la clase política activa, la sociedad civil organizada, el sector religioso y otros cultos”.
Este otro documento inicia con una afirmación contundente. “Considerando el fin del periodo constitucional del presidente Jovenel Moise en la decisión de la suprema magistratura que configura la vacancia presidencia de acuerdo con los artículos 134.2, 134.3 de la constitución de marzo 29 de 1987 y la amenda de mayo 9 de 2011”, dice el acuerdo.
Luego en otro de los argumentos antes de la decisión insiste en considerar que no existen los medios legales o constitucionales para su remplazo, pero agrega que la crisis política debe ser atendida por la sociedad civil y grupos organizados en movilización con el país bajo los principios de “solidaridad, harmonía y paz”.
La crisis política en Haití durante los últimos meses antes del asesinato al presidente estuvo atravesada por una controversia sobre el periodo de finalización de mandato del presidente Moise que llegó al cargo en 2015 con una votación de 508.761 votos, representando solo un 0.4 % de la población de Haití y un 1 % del total electoral.
Algunos líderes políticos y religiosos aseguraban que su mandato debió concluir en febrero de 2021 cumpliendo cinco años, pero Moise señaló que lo haría solo hasta febrero de 2022 para, según él, cumplir con los tiempos exactos. Eso concluyó en sospechas sobre un presunto fin antidemocrático de arraigarse en el poder más allá de 2021 y 2022. Por eso muchos sectores políticos en Haití pidieron su renuncia antes de su asesinato.
El documento habla del establecimiento de una “nueva nación estado”. “Considerando que el ideal colectivo de la gente de Haití indica que todavía hay tiempo para poner al país de vuelta en el camino democrático, y recuerda que todas las fuerzas vivas del país necesitan venir juntas para la unidad y la restauración de la autoridad del Estado”, continúa el acuerdo que habla concretamente de las razones por las que debe haber una transición.
Tras esa declaración se pasa a explicar que la clase política y los líderes de la sociedad civil decidieron escoger al señor Christian Emmanuel Sanon como candidato para la presidencia de la República de Haití y jefe de Estado en una transición incluyendo el mandato que sería solo de 3 años.
Este acuerdo para la refundación de la república de Haití fue hecho el 07 de febrero de 2021 y, aunque no habla en términos exactos de un golpe de Estado, sí describe los pasos exactos para un cambio en el poder presidencial en el que Sanon, hoy capturado en Puerto Príncipe, sería presidente por un periodo de 3 años y nombraría a un primer ministro en las primeras 72 horas de su ascenso al poder.
Las páginas a continuación están firmadas por varios nombres de representantes de instituciones y partidos políticos en Haití. También aparentemente miembros del sector privado y otros líderes religiosos. Hasta ahora no se sabe si los soldados o algunos de ellos tenían conocimiento de este documento.
in perjuicio de que allí se habla de una transición del poder que debía terminar con un periodo en la Presidencia del médico Sanon por tres años, también se señala explícitamente que esta debía darse bajo los principios de la “harmonía y paz”.
Los soldados continúan ahora recluidos en cárceles de Puerto Príncipe en mejores condiciones de salud, según la Cancillería, pero aún sin derecho a un abogado.
