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Estados Unidos anunció que dentro de dos semanas bloqueará definitivamente las operaciones financieras bajo jurisdicción estadounidense del canal privado de televisión venezolano Globovisión, sancionado por el gobierno de Donald Trump hace un año.
El Departamento del Tesoro señaló que la operativa de Globovisión, con relación a personas y empresas de Estados Unidos, será autorizada hasta el 21 de enero, según un documento emitido por la Oficina de Control de Activos Extranejeros (Ofac) encargada de emitir la denominada lista Clinton.
Esto le permitirá concluir "contratos y otros acuerdos, incluida la importación de bienes, servicios o tecnología en Estados Unidos", que involucren a ese canal o cualquier entidad de su propiedad, señaló la licencia general 6A publicada por el Tesoro.
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La Ofac incluyó a Globovisión en su listado el 8 de enero de 2019, cuando estableció el plazo de un año para la liquidación de sus actividades vinculadas con Estados Unidos.
Globovisión fue sancionada en un paquete de medidas de la Ofac contra siete personas y una veintena de empresas de Venezuela implicadas en "una trama significativa de corrupción" para aprovecharse del sistema del control de cambio de divisas del Gobierno de ese país, el cual generó más de 2.400 millones de dólares en ganancias malhabidas, según las autoridades estadounidenses.
Entre estas personas está el dueño de Globovisión, el millonario venezolano, Raúl Gorrín, acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida en agosto de 2018 de pago de sobornos y lavado de dinero, así como de apropiación indebida de miles de millones de dólares de la estatal petrolera Pdvsa.
Allegado al mandatario venezolano Nicolás Maduro, Gorrín adquirió Globovisión junto con otros accionistas a mediados de mayo de 2013.
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A partir de entonces, el canal que se había caracterizado por sus duras críticas contra el gobierno de Hugo Chávez y por ser una ventana de la oposición venezolana, anunció un giro hacia el "centro" en su política editorial.
Estados Unidos sancionó a Globovisión dos días antes de que Maduro asumiera su segundo mandato, que Washington desconoce por considerarlo resultado de elecciones fraudulentas.
La medida punitiva se inscribe en la orden ejecutiva estadounidense 13850, que busca "contrarrestar la corrupción desenfrenada dentro del gobierno de Venezuela", responsable según el gobierno de Trump de "exacerbar la crisis económica y humanitaria" en la otrora potencia petrolera.
