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El gobierno de Estados Unidos ordenó el lunes la partida de Nicaragua de los familiares del personal de su embajada en Managua y autorizó la salida voluntaria de sus funcionarios en ese país, tras una ola de violentas protestas que dejan al menos 25 muertos.
"Los mítines políticos y las manifestaciones ocurren a diario, a menudo con poco aviso o previsibilidad", dijo el Departamento de Estado, al actualizar su advertencia de viaje a Nicaragua "debido a crímenes y disturbios civiles".
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El gobierno de Donald Trump, que ya había llamado el sábado a "reconsiderar" viajes a Nicaragua por motivos de seguridad, volvió a advertir sobre los actos de violencia en las calles, las limitaciones para conseguir comida y combustible y los bloqueos de rutas, incluido el acceso al aeropuerto internacional.
La violencia estalló en Managua el miércoles pasado después de que la policía enfrentó a manifestantes que protestaban contra los planes del gobierno de Daniel Ortega de reformar el sistema de pensiones. Los disturbios se extendieron luego a otras ciudades.
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"Algunas protestas resultan en heridas y muertes. Las manifestaciones por lo general provocan una respuesta fuerte que ha incluido el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, balas de goma y munición real contra los participantes y ocasionalmente han llevado a saqueos, vandalismo e incendios intencionales", dijo el lunes el Departamento de Estado.
Washington instó el domingo a la calma en Nicaragua, lamentando la pérdida de vidas y condenando la violencia y el uso excesivo de la fuerza contra civiles.
"Estados Unidos hace un llamado a un diálogo amplio que involucre todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto actual, restaurar el respeto por los derechos humanos y lograr un futuro mejor y más democrático para todos los nicaragüenses", dijo la portavoz el Departamento de Estado, Heather Nauert, en un comunicado.
El legislador estadounidense Eliot Lance Engel, demócrata de Nueva York y miembro de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, urgió a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a "alzar sus voces para condenar la violencia en Nicaragua" e "instar al gobierno de Ortega a respetar los derechos humanos".
También pidió en una declaración que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la OEA, realice una "investigación independiente" sobre lo ocurrido.
La secretaría general de la OEA, encabezada por Luis Almagro, dijo el domingo que mantiene su disposición para encontrar soluciones para asegurar la convivencia pacífica en Nicaragua en el marco del Estado de Derecho, abogando por la apertura de "espacios de participación".
"Estos espacios de participación podrían ser establecidos del modo propuesto por la Conferencia Episcopal nicaragüense u otros actores religiosos que cuentan con la confianza de la sociedad de Nicaragua", indicó en un comunicado.
