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El Congreso de Estados Unidos, que estará en sesiones hasta el próximo 20 de diciembre para la aprobación del presupuesto para el 2020, acordó destinar 448 millones de dólares para Colombia. Respectó a lo que había sido asignado al país en anterior año fiscal, este nuevo presupuesto se aumentó en 30 millones de dólares.
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De ese monto total, que aun debe ser ratificado por las plenarias de Cámara y Senado, y luego debe ser firmado por el presidente Donald Trump, el rubro con mayor asignación es de lucha antidrogas, con 180 millones de dólares.
Les siguen el Fondo para Apoyo Económico, con 146.3 millones de dólares; 38.5 millones para programas militares; 61 millones para desarrollo; y 21 millones para desminado y lucha antiterrorista.
Pero, como ya lo ha hecho Estados Unidos en asignaciones anteriores, en esta oportunidad volvió a poner ciertas condiciones para liberación de los recursos.
La primera de ella señala que la entrega del 20 % de lo presupuestado para lucha contra narcotráfico, es decir unos 40 millones de dólares, se dará cuando el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, entregue un reporte que certifique que Colombia ha reducido en un 50 % la extensión de los cultivos ilícitos para 2023.
La segunda condición, que tiene que ver con el rubro de financiamiento militar, es que el 20 % de este se entregará si la JEP y otras autoridades toman medidas efectivas para responsabilizar a los autores de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo a altos mandos, y condenarlos a privación de libertad.
También, el Gobierno de Colombia debe estar tomando medidas para prevenir ataques contra defensores de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil, sindicalistas y periodistas. Se le suma, que las autoridades judiciales deben estar procesando a los responsables de dichos ataques.
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Entre otras cosas, y dada la coyuntura del país tras el hallazgo de la fosa común en Dabeiba, Antioquia, las condiciones para el rubro militar indican que es necesario que los altos mandos militares hallados responsables de ordenar, perpetrar y encubrir casos de falsos positivos deben estar siendo responsabilizados y separados del servicio activo en caso de ser declarados culpables en procedimientos penales o disciplinarios.
