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"Se reportan en Diriamba dos personas muertas. Entraron a eso de las seis de la mañana antimotines y paramilitares con armamento pesado", aseguró a la AFP Vivian Zúñiga, responsable del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) en el departamento de Carazo, al que pertenecen esas poblaciones.
Grupos de hombres vestidos de civil, con capuchas negras, fuertemente armados recorren las calles de esas poblaciones del departamento de Carazo, según videos de pobladores, difundidos en redes sociales y por activistas de derechos humanos.
"La situación es grave. Hay un ataque desmedido de las fuerzas del gobierno, que está acarreando derramamiento de sangre, más muerte y luto en nuestro país. La represión de fuerzas combinadas es desproporcionada", declaró el secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos, Alvaro Leiva.
Según Zúñiga, las fuerzas combinadas progubernamentales tienen la basílica de San Sebastián de Diriamba "rodeada para impedir que abran la puerta a los heridos".
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pablo Abräo, quien está en Managua en verificación de violaciones de derechos humanos, denunció que "grupos armados progubernamentales apoyados por la policía entran en las ciudades de manera masiva".
"Tiroteos y ráfagas de bala. Ayer en Matagalpa. Ahora alrededores de Jinotepe y Diriamba. El Estado está incumpliendo su deber de desmantelar las turbas", dijo Abräo en su cuenta en Twitter.
Obispos de la Iglesia católica pidieron a los pobladores proteger sus vidas y llamaron a que se detenga la violencia, que deja más de 230 muertos en casi tres meses de protestas contra Ortega.
"Sigue la represión en Nicaragua! Jinotepe, sus alrededores, y Diriamba bajo ataque de fuerzas armadas en este momento. ¡A la población les ruego protéjanse, salven sus vidas!", escribió en Twitter el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.
Las protestas iniciaron el 18 de abril contra una reforma a la seguridad social, pero ante la fuerte represión de la policía con grupos armados ilegales se ampliaron para exigir la salida de Ortega, a quien acusan de instaurar con su esposa Rosario Murillo una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo.
En un acto ante miles de seguidores, Ortega, exguerrillero de 72 años, descartó el sábado un adelanto de elecciones como propuso la Iglesia y exigen sus opositores. "Las reglas no pueden venir a cambiarlas de la noche a la mañana simplemente porque se le ocurrió a un grupo de golpistas", aseguró.
